Senadores del Partido Revolucionario Institucional advirtieron que la nueva Ley de Infraestructura impulsada por Morena abre la puerta a la utilización de recursos de las Afores en proyectos de capital mixto, mediante la creación de un instrumento financiero denominado “Vehículos de Propósito Específico” (VPE), lo que, señalaron, representa un riesgo para el ahorro de millones de trabajadores. La senadora Claudia Edith Anaya Mota alertó que, si bien la legislación vigente ya permite invertir parte de estos recursos, con esta reforma se establece el mecanismo que facilitaría su canalización hacia obras gubernamentales por montos que podrían alcanzar hasta 1.6 billones de pesos.

La legisladora priista también cuestionó las modificaciones a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, al considerar que el cambio en el concepto de “gasto corriente estructural” provocará distorsiones en el crecimiento del gasto público. Explicó que al excluir rubros como sueldos en educación, salud, seguridad pública y programas sociales, se reducirá artificialmente la base presupuestal, lo que complicará el cumplimiento de metas de consolidación fiscal y debilitará la transparencia en el manejo de los recursos.

Asimismo, Anaya Mota advirtió que el nuevo esquema permitiría al gobierno contratar obras con el sector privado bajo mecanismos que registran únicamente pagos anuales como pasivos contingentes, sin reflejar plenamente los compromisos en los indicadores más amplios de deuda pública. Esto, dijo, generaría un subregistro de obligaciones financieras, lo que podría encender alertas entre calificadoras internacionales y afectar la confianza de inversionistas nacionales y extranjeros.

Por su parte, el senador Rolando Zapata Bello sostuvo que el dictamen parte de un diagnóstico equivocado al responsabilizar al sector privado de la falta de inversión, cuando el problema central, afirmó, es la caída de la inversión pública en los últimos años. Detalló que entre 2018 y 2026 el gasto corriente federal creció más de 90%, mientras que la inversión en obra pública se redujo significativamente, con recortes por miles de millones de pesos en sectores estratégicos. Ambos legisladores coincidieron en que la propuesta debilita la disciplina fiscal, concentra decisiones en el Ejecutivo y reduce la rendición de cuentas, por lo que el Grupo Parlamentario del PRI votó en contra del dictamen.