Francisco Garfias

La Presidenta está enojada. Se le nota. El Informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU la agravió. El propósito de llevarlo a la Asamblea General de las Naciones Unidas la tiene afligida, enojada. Le parece inaceptable que el documento diga que existen indicios bien fundados de que en México se cometen desapariciones forzadas y crímenes de lesa humanidad. 

No niega que el problema existe, pero, como ya es costumbre, se culpa al pasado, como si después de la llegada de AMLO (2018) no se hubiesen registrado desapariciones forzadas o ataques a la sociedad civil.

  • El Comité  de la ONU basó sus señalamientos en el hecho de que ha habido “ataques generalizados o sistemáticos” contra la población civil. Sugiere complicidad del Estado no sólo por acción u omisión, sino por colusión con el crimen organizado. Sheinbaum dijo, en la mañanera de ayer, que no se puede acusar a un gobierno qué lucha contra la desaparición forzada.

“En lo que no estamos de acuerdo es hacia dónde quiere llevar este documento, cómo está redactado y su orientación”, subrayó. Y dijo más: “El documento tiene otra orientación: llevar al Consejo de las Naciones Unidas este tema en contra del gobierno de México, cuando si algo ha hecho el gobierno de México es atenderlo… Nada más hay que leer las conclusiones para saber que no están reconociendo el esfuerzo qué está haciendo México para ello. Como si estuviéramos cruzados de brazos”.

  • Las palabras de la Presidenta trajeron a mi memoria el hallazgo de fosas comunes, los más de 170 mil cuerpos sin identificar, 132 mil desapariciones. Pero también las masacres en estados como Sinaloa, Guanajuato, Michoacán, Colima…; las quejas de  madres buscadoras, los desaires de Palacio Nacional a Ceci Flores. Los colectivos de buscadoras y la sociedad civil han documentado, sin respaldo del gobierno, lo que el comité de la ONU llevó al terreno internacional.
  • Tenía en buen concepto a Ignacio Mier. El coordinador de los senadores de Morena me parecía un hombre abierto, incluyente, tolerante y respetuoso.  Esa percepción se modificó ayer. Mier se reunió a puerta cerrada con el canciller designado, Roberto Velasco, y con integrantes de la Jucopo. Al término del encuentro hizo declaraciones a la prensa.

Salió el tema del Comité de Desapariciones Forzadas. El senador poblano se sumó al coro de descalificaciones contra ese comité de la ONU. Lo acusó de “sesgado”, “tendencioso” y poco ajustado a la realidad.

–¿Cuál es entonces la realidad de los desaparecidos en México? –Preguntamos a Mier.

–Ya está el informe. Mañana lo vamos a detallar con mucho gusto. Gracias.

Se dio la media vuelta y se fue sin responder. Es la divisa de la casa.

Del tema de la ONU hablamos también con el morenista Alejandro Murat.  Nos dijo que el problema con el documento de las Naciones Unidas es que equipara la desaparición forzada con las desapariciones por los cárteles: “En donde está el debate central y el rechazo contundente del gobierno de México es en equiparar el delito de desaparición del crimen organizado como desaparición forzada del Estado mexicano”.

  • La decisión de la SCJN de validar que la Secretaría de Hacienda, a través de la UIF, pueda bloquear cuentas bancarias, sin una orden judicial, es un golpe a la certidumbre jurídica.

Bajo pretexto de combate al lavado de dinero, pero también de evitar el financiamiento del terrorismo, la Corte del Bienestar resolvió, por seis contra tres, a favor de esos poderes extraordinarios a la autoridad administrativa.

Se trata de un ejercicio complicado y riesgoso. La UIF podrá bloquear las cuentas bancarias de personas o empresas, cuando existan indicios de ambos ilícitos. Nos llamó la atención el voto en contra de la ministra Yasmín Esquivel.

La mujer sostuvo que, para la aplicación del congelamiento de cuentas es indispensable que los gobernados conozcan con claridad los parámetros que permitan determinar quién puede ser sujeto de dicha medida preventiva.      

Aseguró que el proyecto votado no establece con precisión cuáles son las conductas que pueden dar lugar a una medida de tal impacto. En un estadio democrático, dijo, toda acción orientada al combate al crimen organizado debe encontrarse plenamente definida en la Constitución.

Aclaró: “Mi voto no es en el sentido de que no pueda legislarse la posibilidad de que una autoridad administrativa pueda llevar a cabo el bloqueo de las cuentas. Reconozco la necesidad de la existencia de dicha figura como parte del  combate a la delincuencia. Mi disenso deriva de una indebida redacción de la norma, que resulta vaga, imprecisa, demasiado amplia, por lo que los gobernados no están en posibilidad de conocer los parámetros para determinar quién puede o no usar sus recursos bancarios por estar bajo sospecha de haber cometido un delito”, explicó.

Publicado en excelsior