En un paso que podría redefinir el alcance de la justicia en el Estado de México, la Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso local aprobó un conjunto de reformas orientadas a ampliar los supuestos para otorgar amnistía, fortalecer la defensoría pública y crear una nueva instancia legislativa encargada de dar seguimiento a estos casos. La iniciativa, respaldada por legisladores de diversas fuerzas políticas, apunta a subsanar fallas estructurales del sistema penal y ofrecer una segunda oportunidad a personas que, bajo distintas circunstancias, podrían haber sido privadas de su libertad de manera injusta.

El dictamen integra propuestas del diputado Octavio Martínez Vargas, la legisladora Ana Yurixi Leyva Piñón y la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, lo que refleja un esfuerzo de articulación política poco común en temas de justicia. Su eventual aprobación por el Pleno de la LXII Legislatura mexiquense abriría la puerta a un modelo más incluyente y sensible a las desigualdades sociales que atraviesan el sistema penal.

Uno de los elementos más relevantes de la reforma es la incorporación de nuevos supuestos para acceder a la amnistía. Entre ellos, destaca la inclusión de mujeres que fueron acusadas o sentenciadas sin haber sido juzgadas con perspectiva de género o de derechos humanos. Este cambio reconoce las profundas fallas históricas en la impartición de justicia hacia las mujeres, particularmente en contextos donde los prejuicios y estereotipos han influido en las resoluciones judiciales.

Asimismo, se contempla la posibilidad de amnistía para personas que cometieron delitos en condiciones de vulnerabilidad manifiesta, desventaja o asimetría, así como aquellas pertenecientes a categorías históricamente discriminadas. La reforma también abre la puerta a revisar casos en los que organismos internacionales o nacionales de derechos humanos hayan documentado violaciones al debido proceso, lo que permitiría la liberación de personas injustamente encarceladas, incluso en delitos graves.

Otro aspecto innovador es la ampliación del beneficio a quienes hayan auxiliado en la interrupción del embarazo con el consentimiento de la persona gestante, eliminando la restricción previa que limitaba este supuesto únicamente a familiares consanguíneos. Además, se precisan criterios para personas mayores de 65 años con enfermedades graves, quienes podrían acceder a la amnistía siempre que exista un diagnóstico médico que lo respalde.

La creación de la Comisión Legislativa de Seguimiento a los casos de Amnistía representa un cambio estructural en la forma en que se gestionan estos procesos. Este órgano, integrado por representantes de todos los grupos parlamentarios bajo principios de pluralidad y paridad, tendrá la facultad de conocer casos relevantes y promover solicitudes de amnistía. Podrá recibir expedientes de familiares, organizaciones civiles y organismos defensores de derechos humanos, así como solicitar opiniones a instituciones clave como la Fiscalía, el Poder Judicial y la Comisión de Derechos Humanos estatal.

El funcionamiento de esta comisión estará guiado por principios fundamentales como la presunción de inocencia, el debido proceso y la no discriminación. A partir de un análisis exhaustivo de cada caso, podrá instruir al Instituto de la Defensoría Pública del Estado de México para que presente formalmente la solicitud de amnistía ante las autoridades correspondientes. Este instituto, a su vez, tendrá un papel central en brindar asesoría y representación legal a las personas solicitantes.

Durante la discusión del dictamen, legisladores destacaron que la reforma no implica una amnistía indiscriminada ni un perdón automático. Por el contrario, se trata de un mecanismo de corrección institucional que reconoce posibles fallas del sistema de justicia. “No se agravia a las víctimas ni se debilita al Poder Judicial”, subrayaron, al tiempo que enfatizaron la existencia de filtros y criterios claros para evitar abusos.

Las cifras respaldan la necesidad de esta reforma. Según datos del Poder Judicial estatal, hasta noviembre de 2024 se habían otorgado más de 3 mil amnistías por vía jurisdiccional, además de otras impulsadas por organismos de derechos humanos y el propio Congreso. Sin embargo, también persiste un problema estructural: un alto porcentaje de personas privadas de la libertad no cuenta con sentencia definitiva. En el Estado de México, se estima que entre 10 mil y 12 mil personas se encuentran bajo prisión preventiva oficiosa.

Este contexto revela una realidad preocupante: muchas personas enfrentan procesos penales prolongados sin una resolución clara, lo que vulnera sus derechos fundamentales. La reforma busca atender esta problemática desde una perspectiva más humana, reconociendo que la justicia no solo debe castigar, sino también corregir y garantizar que nadie quede atrás.

No obstante, el éxito de estas medidas dependerá en gran medida de su implementación. Legisladores de distintas bancadas han señalado la necesidad de fortalecer el presupuesto destinado a la defensoría pública, a fin de garantizar que las nuevas responsabilidades puedan cumplirse de manera efectiva.