La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer las conclusiones de la investigación sobre el siniestro ferroviario ocurrido en la línea Z del Tren Interoceánico, un hecho que marcó profundamente a decenas de familias mexicanas y que puso a prueba la capacidad institucional para esclarecer los hechos, deslindar responsabilidades y garantizar justicia.

En un mensaje dirigido a la ciudadanía, la institución subrayó que la indagatoria agotó todas las líneas de investigación posibles, con el objetivo de determinar con precisión las causas del accidente y los delitos derivados de este lamentable suceso. Desde el inicio, la Fiscalía aseguró haber desplegado todos sus recursos humanos, técnicos y legales para llegar a la verdad.

El pronunciamiento comenzó con un gesto de solidaridad hacia las víctimas y sus familias, reconociendo el dolor de quienes perdieron a un ser querido o resultaron afectados. Este reconocimiento no solo tuvo un carácter simbólico, sino que también marcó el eje central de la actuación institucional: priorizar a las víctimas, garantizar la reparación del daño y evitar la impunidad.

De acuerdo con la información presentada, el trabajo coordinado de ministerios públicos, policías federales ministeriales y peritos especializados permitió integrar cuatro carpetas de investigación. A partir de estas diligencias, se acreditó la comisión de los delitos de homicidio y lesiones culposas, en los que se identificó la participación del maquinista, el conductor y el jefe de despacho.

Como resultado, la Fiscalía llevó el caso ante un juez, logrando la emisión de órdenes de aprehensión y cateo. Posteriormente, en audiencia inicial, se obtuvieron autos de vinculación a proceso contra los presuntos responsables, lo que representa un avance significativo en el acceso a la justicia para las víctimas.

En contraste, otros delitos inicialmente considerados fueron descartados tras exhaustivos análisis periciales. Tal es el caso del delito de daño en bienes, en el que la empresa involucrada otorgó el perdón como parte ofendida, así como el de ataques a las vías generales de comunicación, el cual fue desestimado tras comprobarse que la infraestructura ferroviaria cumplía con todas las normas aplicables.

Los dictámenes en materia de arquitectura, ingeniería civil y seguridad industrial concluyeron que la vía, los durmientes, las fijaciones y el balasto se encontraban en condiciones óptimas en el punto del siniestro. Asimismo, se confirmó que las locomotoras y vagones cumplían con los estándares técnicos requeridos.

En cuanto a posibles actos de corrupción o uso indebido de funciones públicas, la Fiscalía descartó la existencia de delitos, apoyándose en información proporcionada por la empresa ferroviaria y en el análisis de auditorías realizadas por distintas instancias. Estas revisiones abarcaron decenas de contratos relacionados con la construcción, mantenimiento y adquisición de equipo ferroviario, sin que se encontraran irregularidades de carácter penal.

Uno de los aspectos más relevantes del caso ha sido la atención a las víctimas. Gracias a la colaboración entre la empresa responsable, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y los mecanismos alternativos de solución de controversias, se logró que un número considerable de personas afectadas optara por acuerdos reparatorios.

Hasta el momento, 145 personas —entre ellas adultos, niñas, niños y adolescentes— han recibido reparación integral del daño de manera inmediata. Este proceso, contemplado en la legislación mexicana, permite a las víctimas acceder a una solución más ágil y menos desgastante, garantizando compensaciones que atienden las afectaciones sufridas.

La Fiscalía destacó que estos acuerdos implican la extinción de la acción penal en los casos correspondientes, lo que refleja una vía alternativa de justicia centrada en las necesidades de las víctimas, sin dejar de lado el principio de legalidad.

Con la presentación de este informe conclusivo, la institución reafirmó su compromiso con los fines del proceso penal: esclarecer los hechos, proteger a las personas inocentes, sancionar a los responsables y asegurar la reparación del daño.

Finalmente, la FGR puso a disposición de la ciudadanía el informe completo de la investigación en su página oficial, como un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas. El mensaje concluyó con una frase que sintetiza el espíritu del Estado de derecho: fuera de la ley nada, por encima de la ley nadie.