El Congreso del Estado de México aprobó una reforma de amplio alcance a la Ley de Amnistía estatal que busca corregir fallas estructurales del sistema de justicia, al ampliar los supuestos bajo los cuales una persona puede acceder a este beneficio, con especial énfasis en mujeres y grupos en situación de vulnerabilidad.

La modificación legislativa establece que podrán ser consideradas para amnistía aquellas mujeres acusadas o sentenciadas que no hayan sido juzgadas con perspectiva de género o bajo un enfoque de derechos humanos, así como personas que hayan cometido delitos en condiciones de vulnerabilidad manifiesta, desventaja, asimetría o pertenecientes a categorías consideradas sospechosas por posibles actos de discriminación.

Además, se aprobó la creación de la Comisión Legislativa de Seguimiento a los Casos de Amnistía, un órgano de carácter permanente e integrado de manera plural, que tendrá la facultad de promover o solicitar el trámite necesario para que una persona recupere su libertad. Esta comisión representa un nuevo mecanismo institucional para revisar casos en los que existan indicios de violaciones al debido proceso o a los derechos humanos.

El dictamen retoma iniciativas impulsadas por el diputado Octavio Martínez Vargas, la legisladora Ana Yurixi Leyva Piñón y la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, quienes coincidieron en la necesidad de avanzar hacia un modelo de justicia más equitativo y sensible a las condiciones sociales de las personas imputadas.

Uno de los aspectos más relevantes de la reforma es la inclusión de personas privadas de la libertad por delitos graves, siempre que existan resoluciones o recomendaciones de organismos de derechos humanos —nacionales o internacionales— que acrediten violaciones al debido proceso y propongan su liberación. Esta disposición abre la puerta a revisar casos que anteriormente quedaban fuera del alcance de la amnistía.

Asimismo, se amplía el beneficio a quienes hayan participado en la interrupción del embarazo con el consentimiento de la madre o persona gestante, eliminando la restricción previa que limitaba este supuesto únicamente a familiares consanguíneos. También se contempla la posibilidad de amnistía para personas mayores de 65 años que padezcan enfermedades terminales o crónico-degenerativas graves, siempre que cuenten con diagnóstico médico.

Las reformas establecen que el acceso a la amnistía se otorgará sin trato diferenciado, bajo los principios de respeto a los derechos humanos, la constitucionalidad y la no discriminación, siempre y cuando la persona beneficiaria no sea reincidente en el delito.

En el ámbito operativo, la nueva legislación fortalece el papel del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de México, que será responsable de brindar asesoría, orientación y defensa jurídica a las personas solicitantes, así como de representar legalmente sus casos ante las autoridades correspondientes. De igual forma, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México tendrá la tarea de proporcionar orientación especializada para identificar posibles violaciones a derechos fundamentales.

La Comisión Legislativa podrá solicitar opiniones consultivas a diversas instancias, incluyendo la Fiscalía General de Justicia, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo estatal, así como recabar la participación de organizaciones civiles, instituciones académicas y especialistas en derechos humanos.

Durante la discusión del dictamen, el diputado Octavio Martínez destacó que la reforma responde a las demandas de colectivos de familiares de personas privadas de la libertad, quienes en diversos foros señalaron vacíos legales que impedían acceder a la justicia. En ese sentido, afirmó que el Estado de México se posiciona como la primera entidad en el país en legislar sobre amnistía con un enfoque integral.

Sin embargo, la reforma no estuvo exenta de críticas. El diputado Mariano Camacho San Martín votó en contra al considerar que este tipo de medidas podrían generar incertidumbre jurídica. Señaló que la solución a las deficiencias del sistema no debe basarse en excepciones, sino en el fortalecimiento de las instituciones encargadas de procurar y administrar justicia.

Por su parte, la legisladora Ruth Salinas Reyes respaldó el dictamen y subrayó la urgencia de asignar recursos suficientes para su implementación. Advirtió que las fallas en fiscalías y tribunales han provocado que personas inocentes permanezcan en prisión durante años sin una defensa adecuada, lo que hace indispensable revisar los casos bajo un enfoque de derechos humanos.