Después de más de veinte años sin un marco jurídico propio en materia sanitaria, el Estado de México da un paso significativo con la aprobación de su nueva Ley de Salud, impulsada por la LXIII Legislatura local. El ordenamiento, que sustituye disposiciones vigentes desde 2001, busca garantizar el derecho a la atención médica, fortalecer la coordinación institucional y responder a los desafíos contemporáneos en salud pública, en medio de posturas encontradas entre las distintas fuerzas políticas.

El dictamen aprobado es resultado de un amplio proceso legislativo que integró 15 iniciativas provenientes de diversas bancadas —morena, PVEM, PT, PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y PRD— así como una propuesta de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez. Esta construcción plural permitió consolidar una normativa que, según sus promotores, pretende transformar el modelo de atención hacia uno más integral, preventivo y con enfoque social.

La nueva ley será de aplicación obligatoria en los sectores público, social y privado, y abroga el Libro Segundo del Código Administrativo estatal en materia de salud. Entre sus objetivos centrales destacan la mejora en la calidad de los servicios, el fortalecimiento de la prevención de enfermedades y la ampliación de las acciones de control epidemiológico y sanitario.

Uno de los pilares del nuevo ordenamiento es la creación del Sistema Estatal de Salud, concebido como un mecanismo de coordinación interinstitucional que permitirá articular políticas públicas transversales. La intención es consolidar la prestación de servicios y facilitar la colaboración entre dependencias, un aspecto que históricamente ha representado un reto en la entidad.

Durante la discusión previa a la votación, la diputada Jennifer Nathalie González López subrayó que la ley establece un modelo de atención basado en evidencia científica, que abarca todas las etapas del proceso de salud: desde la prevención hasta los cuidados paliativos. La legisladora destacó que esta visión reconoce la salud como un fenómeno biosocial que atraviesa todo el ciclo de vida, lo que —afirmó— representa un avance hacia la justicia social en políticas públicas.

Sin embargo, el debate legislativo no estuvo exento de tensiones. Uno de los puntos más polémicos fue la inclusión de la interrupción del embarazo como un servicio público de salud. Mientras legisladoras de morena defendieron su incorporación como un derecho que debe garantizarse de manera segura, gratuita y sin barreras, representantes del PAN manifestaron su rechazo, argumentando que el Estado debe priorizar la protección de la vida.

A pesar de los intentos por modificar este apartado —incluidas propuestas para eliminar el capítulo correspondiente o restringir la objeción de conciencia del personal médico—, dichas iniciativas fueron rechazadas por la mayoría legislativa.

Más allá de este debate, la ley incorpora disposiciones relevantes en materia de salud pública. Establece acciones específicas para la atención del VIH, infecciones de transmisión sexual y tuberculosis; regula la atención de emergencias obstétricas; y contempla servicios enfocados en la salud materno-infantil, así como en el envejecimiento saludable.

Asimismo, reconoce por primera vez un catálogo amplio de derechos para los pacientes, que incluye el trato digno, el consentimiento informado, la confidencialidad, el acceso al expediente clínico, la atención de urgencias y el suministro de medicamentos.

El ordenamiento también pone énfasis en grupos de atención prioritaria, entre ellos niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, mujeres y personas gestantes, población con discapacidad, personas en situación de calle, comunidades indígenas y afromexicanas, migrantes y población LGBTTTIQ+. Este enfoque busca reducir las brechas históricas en el acceso a servicios de salud.

En el plano financiero, la ley establece que su implementación se realizará bajo principios de austeridad y disciplina presupuestaria, utilizando los recursos existentes sin generar nuevas cargas económicas, un punto que ha generado dudas sobre su viabilidad operativa en un sistema que enfrenta carencias estructurales.

Desde otras bancadas, como el PVEM y el PRI, se reconocieron avances en la ley, aunque se insistió en la necesidad de fortalecer el presupuesto para atender problemáticas como el desabasto de medicamentos, la atención de enfermedades crónicas y el cáncer infantil.