En medio de un intenso debate político que evidenció posturas encontradas sobre el rumbo del sistema democrático en México, el Congreso del Estado de México aprobó la minuta de reforma constitucional en materia electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, conocida como el “Plan B”. La decisión fue respaldada por las bancadas de Morena, PVEM, PT y Movimiento Ciudadano, mientras que PRI, PAN y PRD votaron en contra, marcando una clara división en torno a los alcances y efectos de la iniciativa.

La reforma, previamente aprobada por el Congreso de la Unión, plantea modificaciones a los artículos 115, 116 y 134 de la Constitución con el objetivo de reforzar la austeridad republicana, reducir privilegios en el servicio público y establecer mecanismos más estrictos de control presupuestario en instituciones electorales y órganos legislativos locales.

Durante la sesión deliberante de la LXII Legislatura, el diputado Vladimir Hernández Villegas fue el encargado de presentar la minuta. En su intervención, subrayó que el principio de austeridad ha sido una bandera histórica de Morena desde su llegada al Congreso mexiquense en 2015, y aseguró que la reforma responde a una demanda social persistente en la entidad.

Uno de los cambios más relevantes se encuentra en el artículo 115 constitucional, donde se redefine la integración de los ayuntamientos. A partir de esta reforma, cada municipio será gobernado por un órgano de elección popular directa compuesto por una presidencia municipal, una sindicatura y hasta 15 regidurías, bajo principios de paridad de género, igualdad sustantiva y perspectiva de género. Este punto busca homologar criterios de representación y limitar el tamaño de los cabildos en todo el país.

En cuanto al artículo 116, se establece un tope presupuestario para los congresos locales, el cual no podrá exceder el 0.70% del presupuesto de egresos de cada entidad federativa. La medida pretende reducir el gasto legislativo y promover un uso más eficiente de los recursos públicos. Asimismo, se refuerzan los principios de paridad e igualdad en la integración de los órganos legislativos.

El artículo 134 introduce límites a las remuneraciones de funcionarios electorales, alineándolas con lo dispuesto en el artículo 127 constitucional, que prohíbe que cualquier servidor público gane más que la persona titular del Ejecutivo federal. Actualmente, este tope se sitúa en 134 mil 290 pesos mensuales netos, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación 2026. Además, se eliminan beneficios como seguros privados, cajas de ahorro especiales y regímenes de retiro no contemplados por la ley.

El diputado Octavio Martínez Vargas defendió la reforma al destacar su impacto en la reducción del gasto público y reiteró que su movimiento no abandonará la búsqueda de una reforma electoral más profunda. También señaló que el Congreso mexiquense ya opera con un presupuesto equivalente al 0.56% del gasto estatal, por debajo del nuevo límite propuesto.

Desde el Partido Verde, la legisladora Miriam Silva Mata consideró que la reforma abre la puerta a una discusión necesaria sobre la eficiencia del sistema democrático. Afirmó que el reto es construir instituciones que no solo sean sólidas, sino también sostenibles y representativas.

Sin embargo, las críticas no se hicieron esperar. El diputado Eduardo Zarzosa Sánchez calificó la reforma como centralista y advirtió que podría debilitar el federalismo y la autonomía municipal. Argumentó que solo una minoría de congresos locales supera el límite presupuestario propuesto y que la mayoría de los municipios ya cumple con las disposiciones sobre regidurías.

Por su parte, el coordinador de Movimiento Ciudadano, Juan Manuel Zepeda Hernández, respaldó la reforma en términos administrativos, pero insistió en la necesidad de abordar temas pendientes como la intervención del crimen organizado en procesos electorales y la ampliación del derecho al voto para jóvenes desde los 16 años.

En contraste, el líder del PRD en el Congreso, Omar Ortega Álvarez, desestimó la reforma al considerarla una simulación sin impacto real en la austeridad. Señaló que en el Estado de México ya existen límites más estrictos en la integración de ayuntamientos y que no se ha traducido en ahorros significativos.

La minuta incluye disposiciones transitorias para su implementación gradual, así como la reasignación de los recursos ahorrados hacia programas de interés social. No obstante, el debate deja en claro que, más allá de la austeridad, persisten preocupaciones sobre la calidad de la democracia, la equidad en la representación y la seguridad en los procesos electorales.