La senadora Geovanna Bañuelos demandó justicia por la muerte de 14 migrantes mexicanos bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas desde 2025, y solicitó que se investigue también el caso de una menor migrante víctima de abuso, al considerar que existen graves violaciones a derechos humanos.

Mediante un punto de acuerdo presentado ante el Senado, la vicecoordinadora del Partido del Trabajo respaldó la postura de la Secretaría de Relaciones Exteriores para exigir esclarecimiento de los hechos, al tiempo que pidió fortalecer la protección consular y abrir canales de diálogo diplomático con Estados Unidos.

La legisladora subrayó que el Estado mexicano debe actuar con firmeza en defensa de sus connacionales, especialmente cuando se encuentran bajo custodia de autoridades extranjeras, donde —dijo— su derecho a la vida, integridad y dignidad debe ser plenamente garantizado.

En ese sentido, propuso reforzar los mecanismos de supervisión y acompañamiento a personas detenidas por el ICE, asegurando acceso efectivo a asistencia legal, atención médica y comunicación con sus familias, así como exigir investigaciones exhaustivas, imparciales y transparentes por parte del gobierno estadounidense.

Asimismo, planteó que la Cancillería promueva acciones ante instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para visibilizar y dar seguimiento a un posible patrón de violaciones a derechos humanos contra migrantes mexicanos.

Bañuelos advirtió que el endurecimiento de la política migratoria en Estados Unidos ha derivado en prácticas de persecución, detenciones masivas y condiciones de resguardo cuestionadas, lo que incrementa la vulnerabilidad de los migrantes, particularmente de niñas, niños y adolescentes.

Finalmente, destacó el impacto social y económico de la migración en estados como Zacatecas, donde miles de familias dependen de las remesas, y calificó como inaceptable que, pese a su contribución, los migrantes enfrenten estigmatización y criminalización. El punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Relaciones Exteriores para su análisis.