La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha reavivado uno de los debates más polémicos en la política energética nacional: el uso de la fractura hidráulica, mejor conocida como fracking, para la explotación de gas natural en México. Lejos de adoptar una postura definitiva, la mandataria ha insistido en la necesidad de analizar esta alternativa con rigor científico y bajo estrictas condiciones ambientales.

El punto de partida de la discusión es contundente: actualmente, México importa alrededor del 75 por ciento del gas natural que consume, principalmente de Estados Unidos. Esta dependencia no solo representa un desafío económico, sino también un riesgo estratégico frente a eventos externos, como fenómenos climáticos extremos o fluctuaciones en los precios internacionales. “Si seguimos así, vamos a importar más”, advirtió Sheinbaum, subrayando la urgencia de replantear el modelo energético del país.

La presidenta enfatizó que el gas natural sigue siendo una pieza clave en la matriz energética nacional, particularmente para la generación eléctrica. Se trata, explicó, de una fuente que permite operar plantas de manera continua, eficiente y a gran escala. Sin embargo, la alta dependencia externa plantea interrogantes sobre la seguridad energética en escenarios adversos. Eventos recientes, como heladas en regiones productoras que elevan los precios del gas, han puesto en evidencia la vulnerabilidad del sistema mexicano.

Ante este panorama, Sheinbaum propuso abrir el análisis hacia fuentes “no convencionales” de gas, lo que incluye el fracking. No obstante, dejó claro que cualquier avance en este sentido estaría condicionado al uso de tecnologías que minimicen el impacto ambiental. La fractura hidráulica ha sido ampliamente cuestionada por sus posibles efectos negativos, como la contaminación de acuíferos, el uso intensivo de agua y la generación de residuos peligrosos. Por ello, el enfoque del actual gobierno busca equilibrar la necesidad energética con la protección del medio ambiente.

En este proceso, la administración federal ha optado por apoyarse en el conocimiento científico nacional. Sheinbaum confirmó que su gobierno mantiene un diálogo activo con especialistas de instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional, así como de otras entidades académicas. Estos expertos abarcan disciplinas clave como geología, geofísica, gestión del agua, geotermia y tratamiento de residuos, lo que refleja un enfoque multidisciplinario para abordar el problema.

“Sería muy irresponsable de nuestra parte decir: seguimos importando y no vemos ninguna otra alternativa”, sostuvo la presidenta, al tiempo que anunció que en los próximos días se dará a conocer públicamente el grupo de expertos que participará en este análisis. La intención, aseguró, es tomar una decisión informada, basada en evidencia científica y con una visión de largo plazo para el país.

Por otro lado, Sheinbaum también desmintió versiones que apuntaban a un supuesto acuerdo con Larry Fink, presidente de BlackRock, para impulsar el fracking en México. La mandataria rechazó categóricamente estas afirmaciones, dejando claro que cualquier decisión en materia energética responde exclusivamente a los intereses nacionales y no a presiones externas o acuerdos con actores financieros internacionales.

El debate sobre el fracking en México no es nuevo, pero cobra renovada relevancia en un escenario global donde la seguridad energética se ha convertido en una prioridad estratégica. La postura de Sheinbaum sugiere un giro pragmático: sin abandonar los compromisos ambientales, se abre la puerta a explorar alternativas que reduzcan la dependencia externa.