En México, la crisis de desapariciones continúa profundizándose mientras crece la polémica en torno a las decisiones del gobierno federal encabezado por Claudia Sheinbaum y el partido Morena. Lejos de representar un avance en la solución del problema, recientes señalamientos apuntan a que la estrategia institucional podría estar orientada a reducir la magnitud de la tragedia únicamente en el papel.

La acusación es grave: la presunta depuración del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas implicaría la eliminación de más de 87 mil reportes. De confirmarse, esto significaría un drástico ajuste que reduciría la cifra oficial de más de 132 mil personas desaparecidas a apenas 43 mil. Para especialistas, colectivos de búsqueda y actores políticos, esta medida no representa una solución, sino un intento de maquillar cifras en medio de una crisis humanitaria sin precedentes.

La presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI, Cristina Ruiz Sandoval, ha sido una de las voces más críticas frente a esta situación. Según sus declaraciones, más del 52% de los casos de desaparición se han registrado en los últimos años, lo que equivale a más de 70 mil personas que no han regresado a sus hogares durante los gobiernos emanados de Morena. Esta cifra no solo refleja una tendencia creciente, sino también la incapacidad institucional para contener el fenómeno.

“Eliminar registros no resuelve la crisis. Modificar estadísticas no regresa a nadie a casa”, ha insistido Ruiz Sandoval, subrayando que la problemática no puede abordarse como un simple ajuste administrativo. En su opinión, el intento de reducir el número oficial de desaparecidos invisibiliza a miles de familias que continúan en la búsqueda de sus seres queridos.

La crisis no se limita a la desaparición de personas. También se extiende al ámbito forense, donde la falta de identificación de cuerpos se ha convertido en otro indicador alarmante. De acuerdo con datos obtenidos por la organización Quinto Elemento Lab, en el país existen más de 72 mil cuerpos sin identificar. De estos, el 48% corresponde al sexenio anterior, lo que evidencia un rezago acumulado que sigue sin resolverse.

Además, el 60% de estos cuerpos se concentra en apenas cinco entidades federativas, entre ellas el Estado de México, una de las regiones más afectadas por la crisis. En esta entidad, cerca de 15 mil personas continúan desaparecidas, y el problema se agrava por la falta de mecanismos efectivos de որոն y reconocimiento de restos humanos.

Los municipios de Ecatepec, Toluca, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán y Atlautla concentran el 63% de los casos en el Estado de México. Estas zonas, marcadas por altos índices de violencia e inseguridad, reflejan el fracaso de las estrategias de seguridad implementadas en los últimos años. Para las familias, esto se traduce en una doble tragedia: la desaparición de un ser querido y la ausencia de respuestas por parte de las autoridades.

Particularmente preocupante es la situación en los servicios forenses. Según información proporcionada por fiscalías, el 95% de los cuerpos que ingresan sin identificar en el Estado de México terminan en fosas comunes. Este dato no solo evidencia la saturación del sistema, sino también la falta de protocolos adecuados para la identificación y resguardo digno de los restos.

Mientras tanto, colectivos de búsqueda continúan realizando labores que, en muchos casos, corresponden al Estado. Madres, padres y familiares recorren terrenos, excavan con sus propias manos y enfrentan riesgos constantes en su intento por encontrar a sus desaparecidos. En contraste, la respuesta institucional parece centrarse en la reconfiguración de estadísticas más que en el fortalecimiento de capacidades de búsqueda e investigación.

La controversia sobre la posible depuración del registro nacional abre un debate de fondo: ¿puede un gobierno reducir una crisis eliminando datos? Para expertos, la respuesta es clara. La desaparición de personas no se combate con ajustes administrativos, sino con políticas públicas integrales que incluyan prevención, investigación, identificación forense y atención a víctimas.

En un país donde miles de familias viven en la incertidumbre, cualquier intento por reducir la magnitud del problema en cifras representa un agravio adicional. La crisis de desapariciones en México no solo exige reconocimiento, sino acciones concretas que permitan devolver la dignidad a las víctimas y la esperanza a quienes siguen buscando.

Porque en esta realidad, los desaparecidos no son números. Son historias, nombres y vidas que no pueden —ni deben— ser borradas.