Estado de México.– Lo que durante más de dos décadas fue símbolo de estabilidad, esfuerzo y patrimonio familiar, hoy se ha convertido en una pesadilla legal para una familia mexiquense. Tras 23 años de pagos puntuales por su vivienda adquirida a través de un crédito del Infonavit, Karina Herrera y su esposo Víctor Sánchez enfrentan una orden de desalojo que pone en riesgo no solo su hogar, sino también la confianza en las instituciones encargadas de garantizar la certeza jurídica en el país.

La historia comenzó cuando la pareja adquirió su casa mediante un crédito otorgado por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). El monto total ascendía a 273 mil pesos, además de un pago inicial de 16 mil pesos, cantidad que fue cubierta en su totalidad. Durante años, la familia cumplió rigurosamente con sus obligaciones financieras, acumulando comprobantes oficiales que acreditan la liquidación total del crédito y contando con su preescritura otorgada y sellada por el Infonavit.

El proceso de compra se realizó conforme a los procedimientos establecidos: la firma del contrato tuvo lugar ante el arquitecto Ricardo Loyola Cantú y el notario Gabriel Ezeta Moll, quien en ese momento encabezaba la Notaría 82. Sin embargo, lo que parecía una operación legal y segura escondía una omisión que años después detonaría el conflicto: la compraventa nunca fue inscrita correctamente en el Registro Público de la Propiedad.

De acuerdo con la documentación presentada por la familia, los honorarios notariales fueron pagados, lo que implicaba que el fedatario tenía la obligación de concluir el trámite registral. La falta de inscripción provocó que el inmueble continuara apareciendo legalmente a nombre del desarrollador inmobiliario, abriendo la puerta a consecuencias inesperadas.

Esa irregularidad permitió que el inmueble fuera incluido en un embargo mercantil en contra del desarrollador, situación que derivó, eventualmente, en una orden de desalojo. Lo más grave, señalan los afectados, es que dicha orden fue emitida por el juez José Antonio Malán sin considerar elementos fundamentales, como los estados de cuenta de Infonavit que acreditan el pago total de la vivienda, ni el hecho de que la familia es completamente ajena al conflicto legal entre terceros.

“Nos están quitando nuestra casa sin deber nada. Somos trabajadores, cumplimos con la ley y ahora estamos siendo castigados por errores y omisiones de autoridades y notarios”, denunció Karina Herrera, visiblemente afectada por la situación que enfrenta junto a su familia.

El caso, lejos de ser un hecho aislado, podría formar parte de un patrón más amplio. Existen otras denuncias relacionadas con presuntas prácticas irregulares tanto del notario involucrado como del desarrollador inmobiliario. Además, se ha abierto una carpeta de investigación en la Fiscalía correspondiente; sin embargo, hasta ahora no se han registrado avances significativos que permitan esclarecer responsabilidades o brindar justicia a los afectados.

Durante más de ocho años, la familia ha sostenido una batalla legal marcada por el desgaste económico, emocional y físico. Han recurrido a distintas instancias sin obtener una resolución favorable ni una revisión integral del caso. Mientras tanto, la amenaza de perder su hogar sigue latente.

Expertos en derecho inmobiliario señalan que este tipo de situaciones evidencian fallas estructurales en los sistemas de registro y supervisión notarial, así como la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección para los compradores de vivienda. La falta de inscripción en el Registro Público de la Propiedad es un error grave que puede tener consecuencias devastadoras, como lo demuestra este caso.

Ante este panorama, la familia ha hecho un llamado urgente al presidente del Poder Judicial del Estado de México, el Magistrado Héctor Macedo García,  para que se revise y reabra el caso, tomando en cuenta las pruebas que acreditan su legítima propiedad. Insisten en que no participaron en ningún fraude ni contubernio, y que no deben ser víctimas de negligencias ajenas.

Hoy, más allá de un conflicto legal, este caso plantea una pregunta de fondo: ¿qué tan protegidos están los ciudadanos frente a fallas del sistema que deberían resguardar su patrimonio? Para Karina Herrera y Víctor Sánchez, la respuesta podría definir el destino de toda una vida construida con esfuerzo.