norberto-de-aquinoPor Norberto DE AQUINO

Ahogado por sus muchos errores, arrinconado por la opinión pública y desesperado por encontrar la vía de escapa al problema derivado de la represión en San Bernardino Chalchihuapan. El gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, se ha convertido en la amenaza más seria a la credibilidad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Los problemas para Raúl Plascencia y la CNDH se presentaron desde el momento mismo del incidente entre la policía estatal y los vecinos de Chalchihuapan que resultó en serias lesiones a varios civiles y policías, y en la muerte de un jovencito de 13 años.

El apoyo dado por la Comisión a la famosa “Ley Bala” sirvió como escudo del gobierno estatal ante los señalamientos en contra del equipo de Moreno Valle. Y la lentitud con la que la CNDH apareció en el caso sirvió sólo para crear una mayor confusión y para alentar más las críticas por el accionar de la máxima autoridad en materia de Derechos Humanos.

A la lentitud en las respuestas y a la forma en que la CNDH accedió a tomar parte en las investigaciones, se suma ahora un hecho que difícilmente podría dejarse de lado. Y que a querer o no, despierta mayores especulaciones.

En la desesperación por encontrar salidas a la crisis y por recomponer un equipo político que a todas luces ha resultado bastante torpe para enfrentar la problemática local y mantener sus aspiraciones políticas, el gobernador decidió realizar algunos movimientos en su círculo más cercano.

La recomposición implica, por supuesto, retomar alianzas con grupos políticos que en el pasado tuvieron fuerza y que por el momento habían sido relegados a planos bastante secundarios.

Así, Moreno Valle decidió nombrar como jefe de la oficina del gobernador a Juan Pablo Piña Kurcyzn, hijo de Mariano Piña Olaya, exgobernador estatal.

Hasta ahí, el nombramiento no tendría mayor impacto. Pero las especulaciones se desatan cuando se recuerda que el recién nombrado se desempeñó como primer visitador de la CNDH, designado por

Raúl Plascencia.

No se requiere de mucho para entender que esta situación obliga a preguntarse si la Comisión Nacional de Derechos Humanos trabaja en el caso Chalchihuapan con toda la libertad e imparcialidad que se requiere.

Moreno Valle intenta reducir la crisis al mínimo. No importan las contradicciones, si se obtiene al final un fallo favorable. Y si la CNDH aparece al final del camino con la receta adecuada para exculpar al mandatario poblano de cualquier responsabilidad, quedarán dos años para intentar recomponer la imagen política del gobernador, con miras a la candidatura presidencial del 2018.

Pero la situación no es tan sencilla.

En el seno de la CNDH se libra una fuerte batalla política por el control del organismo. Raúl Plascencia quiere reelegirse, pero no tiene todos los apoyos necesarios para lograrlo.

Así, un fallo erróneo en todo este caso, serviría sólo para enterrar sus aspiraciones. Ya bastantes problemas tiene con haber apoyado la “Ley Bala”, como para entregar el resto de su capital político en una apuesta fuera de la realidad.

No se trata por supuesto, de una condena en automático. Se trata de mantener la credibilidad de la CNDH en un nivel más que aceptable.

Y para lograrlo, el equipo de Raúl Plascencia tendrá que trabajar con la verdad y demostrar que sus decisiones son apegadas a ella.

Cualquier otra cosa no logrará salvar a Moreno Valle y sí en cambio pondrá en tela de juicio a una institución que, con todos los problemas del caso, no puede perder la confianza de la ciudadanía. Y menos para resolver problemas políticos particulares.