El senador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) por Nuevo León, Waldo Fernández, anunció en conferencia de prensa que presentará una iniciativa de reforma constitucional para sancionar con la nulidad de la elección e inhabilitación permanente a las personas candidatas que incurran en guerra sucia durante campañas electorales.

Desde el Senado de la República, el legislador sostuvo que la difusión sistemática de calumnia o difamación vulnera la integridad del proceso democrático y destruye reputaciones, además de afectar entornos familiares completos, como —dijo— ocurrió en su caso durante el proceso electoral de 2024.

“La persona candidata que resulte responsable de las conductas de difusión sistemática de calumnia o difamación será sancionada con la nulidad de su elección y quedará inhabilitada de manera permanente para desempeñar cualquier empleo, cargo o comisión en el servicio público, así como para ser postulada a cargos de elección popular”, establece la propuesta que busca reformar el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Fernández explicó que la iniciativa plantea incorporar como causal de nulidad electoral las violaciones graves, dolosas y determinantes cuando se acredite la difusión sistemática de acusaciones falsas y que éstas hayan sido determinantes en el resultado de la elección. Además, prevé sanciones económicas para el partido político postulante, equivalentes al monto íntegro de las prerrogativas de campaña asignadas en el proceso respectivo.

El senador relató que ocho o diez días antes de la jornada electoral de 2024 fue acusado públicamente, mediante lo que calificó como un “montaje” desde la Fiscalía de Justicia del Estado, de un delito sexual. Afirmó que actualmente está acreditado que se trató de una fabricación y que incluso se habría pagado un millón de pesos para sostener la acusación.

En ese contexto, el pasado 2 de marzo un juez federal dictó prisión preventiva contra tres personas presuntamente implicadas en el caso, entre ellas Karina N., ex contendiente en la elección al Senado y actual funcionaria del municipio de Monterrey, así como Deborah Berenice N. y Gustavo N., detenidos en operativos realizados por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en Nuevo León y Puebla. La situación jurídica de los imputados será definida en los próximos días.

Fernández subrayó que su propuesta no busca limitar la crítica política ni el debate democrático, sino erradicar la fabricación deliberada de delitos y la calumnia como herramienta electoral. “Dichas violaciones deberán acreditarse de manera objetiva y material”, establece el proyecto, que ahora deberá seguir el trámite legislativo correspondiente.