La Secretaría de Hacienda y Crédito Público defendió la solidez de las finanzas públicas de México luego de que la agencia Moody’s Ratings redujera la calificación crediticia del país de “Baa2” a “Baa3”, el último nivel dentro del grado de inversión. La dependencia federal destacó que México conserva acceso a los mercados internacionales, estabilidad macroeconómica y una perspectiva “estable”, lo que, aseguró, refleja confianza en la capacidad económica y financiera del país. Sin embargo, especialistas advierten que la decisión de Moody’s evidencia preocupaciones reales sobre el deterioro fiscal y el creciente peso de la deuda pública.

En su posicionamiento, Hacienda sostuvo que el gobierno mantiene una estrategia de disciplina fiscal y recordó que durante 2025 se aplicó un ajuste presupuestal orientado a reducir el déficit público. La dependencia también argumentó que la economía mexicana conserva fortalezas estructurales, como la integración comercial con Estados Unidos, la estabilidad del sistema financiero y la capacidad de respuesta ante choques externos. Parte de esa postura coincide con la evaluación de Moody’s, que cambió la perspectiva de negativa a estable al considerar que no prevé un deterioro inmediato adicional en el corto plazo.

No obstante, el recorte de la calificación no fue un hecho menor ni una decisión aislada. Moody’s justificó la baja por el “debilitamiento sostenido” de la fortaleza fiscal mexicana, derivado del crecimiento de la deuda, la rigidez del gasto público, la baja recaudación tributaria y el apoyo financiero constante a Petróleos Mexicanos (Pemex). La calificadora señaló que el déficit fiscal se ha mantenido cercano al 5 por ciento del PIB y advirtió que la deuda pública podría seguir aumentando en los próximos años en un entorno de bajo crecimiento económico.

Analistas financieros consideran que la respuesta de Hacienda tiene un componente institucional y busca contener incertidumbre en los mercados, pero advierten que varios de los problemas señalados por Moody’s son estructurales y vienen acumulándose desde hace varios años. Entre ellos destacan el creciente costo financiero de la deuda, el debilitamiento de fondos de estabilización, la presión presupuestal por programas sociales y pensiones, así como los millonarios apoyos gubernamentales destinados a Pemex. De acuerdo con estimaciones citadas por la calificadora, el gobierno habría destinado alrededor de 35 mil millones de dólares a la petrolera durante 2025 y prevé nuevos respaldos financieros para 2026.

A ello se suman preocupaciones sobre desaceleración económica, menor inversión y tensiones institucionales que también han sido mencionadas por agencias calificadoras y organismos financieros internacionales. Desde finales de 2024, Moody’s había advertido sobre riesgos relacionados con el debilitamiento institucional, el entorno político y la incertidumbre generada por cambios constitucionales, incluyendo la reforma judicial.

Aunque México conserva el grado de inversión, el hecho de quedar en “Baa3” coloca al país en una situación delicada, ya que una nueva reducción implicaría entrar en la categoría especulativa o “bono basura”. Ese escenario podría provocar salida de capitales, incremento en tasas de interés, encarecimiento del crédito y mayor presión sobre las finanzas públicas y el tipo de cambio. Por ello, especialistas coinciden en que la reacción de Hacienda ayuda a contener el impacto político y financiero inmediato, pero subrayan que el reto de fondo será demostrar en los próximos meses que el gobierno puede estabilizar la deuda, recuperar confianza y fortalecer el crecimiento económico.