PERSPECTIVAS

Por Norberto DE AQUINO

El gobierno federal ha iniciado la etapa de las “acciones” que deberán lanzar al país hacia el estrellato. Con las reformas aprobadas por el Congreso, lo que hace falta es el “resultado”. Y la administración federal ha emprendido el camino de la conquista del ánimo popular, antes incluso, de que los beneficios se dejen sentir.

Claro está que todo esto, y lo que está por venir, forma parte de la campaña en favor de la campaña electoral. Esto es, desde ya , el gobierno ha puesto en marcha su estrategia para convencer a los ciudadanos de sus “éxitos” y lograr que voten por el PRI en las elecciones del año próximo.

Pero como en todo, el efecto de las reformas aprobadas no alcanza para cubrir todos los frentes. Y uno de los más serios problemas para la actual administración es sin duda, el relacionado con la seguridad, campo en el que los avances que se presentan en los discursos, no necesariamente son acompañados por la realidad.

Ante el reto, el gobierno ha lanzado junto con el anuncio de los grandes beneficios que nos esperan por las reformas estructurales ya aprobadas, una campaña para destacar el hecho de que la violencia se encuentra en franca retirada en el país.

Y se manejan cifras en las que, de una manera u otra, se “demuestra” que todo en el país marcha viento en popa y que no tarda en resolverse de manera definitiva el tema de la violencia.

Sin embargo, a la velocidad con la que el gobierno federal aplica para lanzar discursos cargados de optimismo, las organizaciones civiles plantean un nuevo reto. Y las cifras que dan a conocer no se corresponden con las oficiales.

Con ello, lo que se tiene a la vista es el hecho simple, pero muy serio, de que hay quien dice mentiras. O si se prefiere, hay quien no dice la verdad. O la presenta de acuerdo a sus necesidades.

Y más allá del hecho de que pueda ser cualquiera de las partes, cada lector podrá pensar en un responsable, la realidad nos dice que el problema de la violencia está muy lejos de encontrarse en

donde las autoridades del área y el gobierno federal en pleno desearían.

El presidente Enrique Peña habla de porcentajes en la reducción de los delitos. Pero mucho más allá de las cifras, lo que no se nos dice es el ¿cuándo se llegará a la meta?. En el supuesto de que la meta sea la normalización real de la vida de los ciudadanos.

Por lo pronto y en comparaciones simples, el primer par de años del actual gobierno arroja cifras de violencia, en todas sus formas, que el primer bienio de Felipe Calderón. Y los secuestros, que para el gobierno tienen una clara tendencia a la baja, para las organizaciones civiles arrojan unos números muy preocupantes, entre los que bastaría con señalar el que señala que en el país hay un secuestro cada tres horas, para no sólo poner en duda todo lo oficial, sino para prender todas las señales de alarma.

Se entiende sin problema alguno, que la presión política de la proximidad del II Informe de gobierno obliga al gobierno a buscar resaltar los avances que considera se han logrado.

Y se entiende que ante la presión que se deja sentir desde los Estados Unidos en el terreno de la seguridad, desde muy diferentes niveles, pero todos serios y preocupantes, el gobierno mexicano responda con lo que a su juicio es la realidad.

Pero la realidad que enfrentan día con día los ciudadanos en México no se ajusta a los discursos oficiales. La violencia sigue en niveles muy elevados. Y si las cosas se mantienen como hasta el momento, y los “logros” siguen el ritmo actual, se acepte o no, tendrían un total de víctimas de la violencia al finalizar el sexenio, de alrededor de 100 mil muertos.

Y ello nos llevaría a encontrar a quiénes presentaron cifras ajenas a la realidad.