PERSPECTIVAS

Por Norberto DE AQUINO

Las cifras son escalofriantes, pero más que nada, reveladoras de que, estrategias y esfuerzos oficiales destinados a pacificar la nación han sido insuficientes y podrían haber tenido como objetivo más la lucha por la imagen que por los resultados.

El INEGI, mediante la encuesta nacional de victimización y percepción sobre la seguridad pública, ha mostrado con toda precisión, que durante 2013, el país sufrió uno de los años más difíciles, dentro de una larga cadena de años complicados.

Las cifras del primer año de gobierno de Enrique Peña Nieto nada tienen que ver con las afirmaciones oficiales. La realidad, la terca realidad, dice que los delitos crecieron. Y que a lo largo y ancho del país, se escenificaron 33 millones de delitos. Y por si esa cifra no fuera lo suficientemente escalofriante, el dato que le sigue es como para provocar pavor, ya que de ese total, 31 millones quedaron en la impunidad.

Y esa impunidad se alcanzó primero, por que las denuncias no fueron seguidas por la investigación correspondiente, y después, en su gran mayoría, por que no se presentó la queja ante la autoridad. Y para complementar el cuadro, esa decisión de no denunciar, se corresponde con la idea de la ciudadanía de que “no tiene caso” hacerlo, ya que los trámites son largos y nada producen, o por la simple y demoledora desconfianza en la autoridad.

Así, el escenario queda completo: hay un incremento notable en el total de delitos. Aumentaron de manera escandalosa los secuestros y los homicidios. Y la desconfianza en la autoridad es enorme y va en aumento.

Y ante ello, el discurso oficial intentó demostrar que la violencia se encontraba a la baja y que, aún cuando existían problemas, la tendencia mostraba una mejoría.

Ahora, el problema no sólo es mayor en los números. No sólo se ratifica la desconfianza en las autoridades. A partir de los datos del INEGI, lo que se tiene que analizar es el comportamiento del

gobierno federal que es el directamente responsable de las cifras oficiales y quien, de muchas maneras, quiso hacer creer a los ciudadanos que estábamos mejor que en el pasado reciente.

Los datos de la citada encuesta dicen que, a lo largo del año pasado, se registraron 131, 946 plagios, con un incremento en relación al año anterior, de algo más de 26 mil secuestros. Y ello no sólo no se dijo, sino que no se aceptó al momento en que varios organismos no oficiales criticaron las cifras que desde el gobierno se manejaban.

Lo mismo sucede con las entidades en las que la encuesta deja ver la descomposición existente. El Estado de México va de la mano con Guerrero, con una pequeñísima ventaja de esta última entidad, en lo que se refiere a la impunidad y al número de delitos con un promedio del 96%.

Ante esta situación, es de suponerse que el gobierno federal entenderá, primero, que sus estrategias no han sido ni medianamente acertadas. Tendrá que reconocer que la forma en que se intentó combatir a la delincuencia arroja resultados sólo en el papel. Deberá aceptar que una cosa es capturar “jefes” de la delincuencia y otra, muy diferente, que ello se traduzca en el fin del “negocio”.

Del mismo modo, se tendrá que poner especial atención en lo que a confianza en la autoridad se refiere. Lo sucedido en Guerrero en los últimos días y el cinismo político del gobernador angel Aguirre, son ejemplo del problema. Y del efecto que ello tiene en la sociedad.

Y después, por más que disguste la idea, el gobierno federal deberá reconocer que por más discursos que se lancen, la realidad no cambiará si no se ponen en marcha programas totales destinados a enfrentar el problema de manera global.

En el caso del tráfico de drogas por ejemplo, en tanto no se ataque el flujo de dinero, todo lo demás no dejará de ser demagogia. Y en todos los casos será lo mismo.

Cuando se investigue a la autoridad como aliada del delito, entonces tal vez, se logre lo que se dice en los discursos que se quiere.

El INEGI demostró cual es la realidad. Falta saber si el gobierno federal puede entender el mensaje.