PERSPECTIVAS

Por Norberto DE AQUINO

Los cuerpos encontrados en las fosas de Iguala no son los de los estudiantes desaparecidos. Y con esa afirmación, la autoridad simplemente eleva el grado de terror que sacude a la República. ¿Cuántas fosas y cuántos desaparecidos tenemos que resolver?

Lo que para Angel Aguirre parece ser motivo de tranquilidad, para el resto del país se convierte en causa de mayores angustias. ¿Nadie sabía nada? ¿Eso es posible?

Ahora, con los datos proporcionados por la Procuraduría General de la República, el reto al que se hace frente es mucho más grande de lo que los primeros indicios del caso Iguala hacían suponer. No son sólo los normalistas desaparecidos. No se trata tan sólo de un alcalde ligado al narcotráfico. Ni siquiera es únicamente el problema de la incapacidad de las autoridades en todos los niveles. El punto central es que no siquiera se tiene una idea aproximada de lo que en realidad sucede a lo largo y ancho del país.

Al momento en que se reconoce que los cadáveres encontrados en algunas de las fosas destapadas en Iguala no tienen que ver con los estudiantes desaparecidos, el problema de las matanzas y la fallida lucha de “inteligencia” del estado contra la delincuencia organizada, se multiplica. ¿Quiénes eran? ¿Quiénes los asesinaros? ¿Por qué? ¿Y nadie sabía de su desaparición?

El temor recorre el país. Y no lo hace de manera lenta. Y a cambio, las respuestas del gobierno son en el mejor de los casos, torpes.

Ahora y a pesar de los esfuerzos por que ello no sea así, se sabe que en las esferas de seguridad del estado se tenía información sobre lo que sucedía en Iguala. Sabía la Secretaría de Gobernación. Sabía el CISEN. Sabía la PGR. En fin, todos los que tenían que saber, lo sabían. Y nadie hizo nada.

Pero aún. Al momento en que las informaciones circulaban, el perredismo buscaba acallar las cosas. Después de todo, las alianzas en torno al Pacto por México tenían un valor para todos. Y los acuerdos para dejar correr las cosas quedaron a la vista. Y ahora, también las consecuencias.

Las cosas van más allá. Ahora circulan las versiones de testigos que señalan que integrantes del Ejército tomaron parte en los eventos en los que los estudiantes resultaron “desaparecidos”. Y ya hay otro alcalde bajo sospecha. Y toda una policía municipal puesta a disposición de las autoridades por el mismo caso.

Y la pregunta es obligada ¿Cuánto más está enterrado en las fosas?

Más aún, ¿cuántas fosas clandestinas más hay no sólo en Guerrero, sino en todo el país?

¿Qué se hace con respecto a las denuncias en el Estado de México? ¿Es creíble un gobierno que ya mintió en el caso Tlatlaya? ¿Qué sucede con las muchas fosas que se han encontrado en Veracruz? ¿Qué con el resto en el resto del país? ¿Son realmente el resultado de batallas entre bandas de delincuentes? ¿Podría tratarse de otros casos de ejecuciones ilegales? ¿Qué es lo que le sucede a la República?

Obviamente la crisis de la clase política ha puesto de manifiesto incapacidades y rivalidades. Pero también nos arrojó a la cara el estrepitoso fracaso de las estrategias, si es que en realidad existen, para el combate a la delincuencia.

Las cifras alegres y los grandes discursos que buscaron demostrar los avances que se habían alcanzado, se han evaporado en la nada. El país sigue sumido en la violencia y la delincuencia, organizada o no, ha demostrado tener potencial suficiente no sólo para colocar candidatos y llevarlos a los puestos de elección popular, sino para hacerle frente al estado todo.

Los problemas son muy serios. El terror va en aumento. En el exterior se nos considera un país que se ha “acostumbrado las matanzas”. El temor de los inversionistas puede convertirse en una crisis económica y derribar los cálculos elaborados bajo la euforia de las reformas estructurales.

Pero la realidad es terca. Y en menos de dos años ha demostrado que pasamos con gran velocidad del “nosotros sí sabemos como hacerlo” al trágico “ni siquiera sabemos cuántas fosas clandestinas hay o quienes están dentro de ellas”.