Luis Videgaray fue el primero en lanzar la alerta sobre el impacto negativo que podría tener en la estrategia financiera el problema de la violencia. Apareció más adelante el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, con el mismo tema. Finalmente, el titular del Trabajo, Alfonso Navarrete, ha reiterado la señal. Y no se requiere de mucho para entender que ninguno de los funcionarios tiene bajo su control, el tema de la seguridad. Es más, todos quedarían ubicados en el espectro económico.
De esta manera, sin necesidad de mayores datos, está a la vista un por lo menos, distanciamiento abierto, entre quienes dentro del gobierno están en el control de la política y la seguridad, y quienes manejan los proyectos financieros.
Es obvio que los problemas del momento se concentran en el área de la seguridad. Y de la ineficacia política. Y también lo es que, dadas las complejas condiciones en el terreno financiero internacional, las apuestas hechas por el gobierno en ese terreno se convierten en algo más que una simple proyección de pesos y centavos para el futuro inmediato.
El estallido del problema de las ejecuciones en Tlatlaya cimbró la estructura de seguridad del estado. Pero en el momento en el que el gobierno buscaba una salida al problema, apareció la torpeza política en el manejo del conflicto en el IPN y poco después, la caótica situación de Guerrero, con la evidencia de que el poder del narcotráfico en el país había penetrado las estructuras políticas de todos los niveles.
En ese momento, y ante la sorpresa de todos, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, puntualizó los riesgos que para el proyecto económico del país significaba la violencia. Y ante la incapacidad para resolver el problema, recorrieron la misma ruta el gobernador del Banco de México y el Secretario del Trabajo.
Debe recordarse que el país hará frente el año entrante, al reto que plantea la baja en el precio del petróleo. Y la apuesta hecha por el equipo de Hacienda, según se desprende del proyecto de ingresos, radica en la consolidación de la reforma fiscal.
Dicho de otra manera, Hacienda considera que se puede hacer frente a la citada baja, mediante una efectiva política de captación y por supuesto, de una mayor cantidad de causantes.
Pero esa apuesta tiene por lógica, el riesgo de los movimientos externos, especialmente en la economía estadounidense. Hay un margen de maniobre. Pero no es muy grande. Por lo que se requiere que en lo interno, las cosas marchen de manera adecuada.
Y una ola de violencia que genere temor al inversionista, nacional o extranjero, simplemente podría dar un golpe a los proyectos de una seriedad no calculada.
En Hacienda tienen claridad sobre la situación. Saben que el precio del petróleo tiende más hacia la baja que a una posible recuperación. Y esperan que para dentro de unos años, la situación sea aún más marcada. Por ello, la apuesta queda fincada en la política impositiva. Y claro está, en la tranquilidad interna.
Y ahí nace la doble visión del gobierno. Unos, los expertos en las finanzas, plantean los riesgos que se pueden generar sobre los proyectos económicos, si la violencia no se controla. La pérdida de confianza sería simplemente, catastrófica.
Del otro lado, los que pensaron que, con acuerdos políticos se podrían resolver los problemas y que demandan tiempo para alcanzar sus objetivos. Estos que consideran que Tlatlaya, Iguala y el IPN pueden manejarse con tiempo y discursos y que hasta el momento, simplemente ha fracasado.
El gobierno así fue planteado. Una línea doble de acción. Controles firmes en lo económico de un lado, y en lo político por el otro.
Pero en estos momentos, lo político, con la seguridad a un lado, ha resultado en un estrepitoso fracaso. No sólo no hay resultados y las estrategias resultaron sólo de papel. El problema se ha desbordado y amenaza con envolver al país.
Y arrastrar lo poco que se tiene en lo económico.
Así, la inminente caída de Angel Aguirre en Guerrero, no parece tener ya, impacto alguno. El problema dejó de ser local, si es que alguna vez lo fue, para demostrar que la inteligencia y todo lo que se prometió para combatir delincuencia e inseguridad, no pasó del campo de los discursos.
La clase política hizo crisis.


