PERSPECTIVAS

Por Norberto DE AQUINO

Evidenciado el esfuerzo del gobierno por conducir la crisis a que se enfrenta por la ruta del control de daños más que por el de las soluciones de fondo, habrá que poner atención a la forma en que se hace frente al reto de las presiones internacionales.

En lo interno y a pesar de la presión social, el gobierno federal parece decidido a encontrar una respuesta que, sin alterar el fondo de los programas y estrategias oficiales, si “ofrezca respuestas” más o menos importantes y le permita mantener su línea de acuerdos.

Es así que puede interpretarse el repentino afán oficial por arrastrar a la crisis de Iguala al líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador.

En el supuesto de que el tabasqueño hubiera sido realmente el soporte sobre el cual José Luis Abarca y su esposa alcanzaron el poder en Iguala, ¿ello acaba con la responsabilidad del gobierno federal? ¿Así se resuelve el hecho de que todo el aparato de inteligencia del estado fue incapaz para detectar las ligas con la delincuencia del señor Abarca? ¿Tal es el poder de AMLO? ¿Y en qué momento se analizan las ligas del PRD con todo lo sucedido y las ligas políticas que le permitieron a Angel Aguirre llegar al gobierno de Guerrero?

Pero si en lo interno las cosas parecen estar más o menos controladas, ¿qué es lo que se piensa hacer para salvar los retos que desde el exterior se han planteado?

El Alto Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU demandó una investigación “efectiva, pronta e imparcial”, así como la posibilidad para formar parte de las acciones para resolver el caso.

Pero eso no es todo.

El Parlamento Europeo lanzó una dura condena a lo sucedido y demandó una investigación que, de una buena vez, ponga fin al serio problema de la impunidad en México. Y los famosos “verdes”

europeos pidieron que sea la Corte Internacional la que investigue los sucesos de Iguala, ya que las autoridades mexicanas no son confiables, basados en el hecho de que 98% de los crímenes en nuestro país quedan impunes.

Dicho de manera sencilla, el gobierno federal parece querer encontrar en lo interno, una respuesta a la presión externa, sin entender que el efecto hacia el exterior no depende de los discursos, sino de las acciones. Y es en ese terreno en el que la administración de Enrique Peña Nieto se ha entrampado.

Querer ampliar el número de los “responsables” en Iguala no es más que la forma de distraer la atención sobre el problema de fondo que no es otro que el de la complicidad entre políticos y delincuentes.

Y una vez enfocado el problema en ese punto, lo que queda totalmente claro es que el aparato de seguridad del Estado simplemente no funcionó. Y ello sólo pudo haber sido por corrupción o por incapacidad. O por ambas. Esto claro está, llevaría a la conclusión de que todo el esquema del gobierno federal en combate a la violencia y la delincuencia y todo el aparato de operación política, simplemente fracasó.

Por ello, se buscan responsables de una candidatura. O de muchas, sin entender que la responsabilidad de fondo no depende del apoyo de un político a otro, sino del respaldo de la autoridad a la delincuencia. Esto es, la complicidad entre el poder y los criminales. En todos los niveles.

Por el momento, el gobierno federal parece avanzar en su proyecto de administrar la crisis provocada por Tlatlaya primero y por Iguala después.

Falta saber cómo se resolverá la presión internacional. Y lo que le costará al país.