PERSPECTIVAS

Por Norberto DE AQUINO

Uno de los efectos más serios de la crisis que enfrenta el gobierno federal tendría sus efectos directos en el terreno de los derechos humanos. El fracaso de la estrategia de seguridad y combate a la delincuencia organizada, ha terminado en la evidencia de las violaciones abiertas a los citados derechos humanos y en el reconocimiento de la penetración de la delincuencia organizada en las decisiones políticas.

Pero sí para el gobierno federal la seguridad es fundamental para recuperar la confianza de los ciudadanos, el tema de los derechos humanos no es menos importante. Y si se pone un poco de atención en este punto, se verá que en pocos días tendremos señales claras sobre lo que en realidad se puede esperar del actual gobierno para lo que resta de su gestión.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos se encuentra inmersa en estos momentos, en el proceso de selección de su titular. Raúl Plascencia ha cumplido su período de cinco años y a pesar de sus esfuerzos por se electo para un nuevo mandato, resulta poco creíble que pueda lograr los apoyos necesarios para ello, gracias a su mediocre y torpe actuación.

Tlatlaya e Iguala son los dos casos que han detonado el problema. Y en ambos sucesos, la CNDH dejó mucho que desear. Esto es, el señor Plascencia llevó al organismo a su mando a una de las peores crisis de su existencia. Y ello, a pesar de que en las últimas administraciones, la Comisión no ha sido precisamente un órgano realmente efectivo para la protección de los ciudadanos.

Pero evitar que Plascencia permanezca otros cinco años en la CNDH no resuelve el problema de ese organismo. Es, claro está, un paso adecuado, pero el objetivo no puede ser sólo no dar al aún presidente de la Comisión un período más. La meta debe ser designar a un elemento que sea capaz no sólo de enfrentar la crisis, sino de llevar el tema de los derechos humanos a un nivel realmente importante.

En los últimos tramos, la designación del presidente de la Comisión se ha realizado mediante acuerdos entre los partidos políticos y el gobierno. Y ello nos ha llevado a la devaluación del organismo. Y por supuesto, a un retroceso claro de lo que debe ser el respeto por parte de la autoridad,

de los derechos humanos.

En los meses pasados, además de Tlatlaya, la CNDH fracasó en el caso Chalchihuapan, en Puebla, y resultó incapaz para retomar por ejemplo, casos como el de la guardería ABC en Hermosillo. En Veracruz fue más que tibia ante el gobierno de Javier Duarte, cuando los intentos de la autoridad por aprobar una ley que controlara las redes sociales chocaba con la sociedad, que fue a final de cuentas, las que derribó las ambiciones caciquiles del gobernador.

Lo que necesita la CNDH es un presidente que entienda el compromiso para con la sociedad y no uno que responda a los intereses de los partidos políticos. Lo que se requiere es una CNDH que enfrenta la crisis que en materia de derechos humanos se vive en este momento y en la que la autoridad ha dado sobrados muestras de su falta de respeto en ese terreno.

El gobierno ha fracaso de manera contundente en el combate a la delincuencia y la violencia. Y ello obliga a una respuesta rápida, eficaz y contundente por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que como resultado de una nueva administración, sea capaz de reinventarse y al mismo tiempo, de inspirar confianza a los ciudadanos y respeto a la autoridad-