El gobierno está decidido a cambiar la página y dejar atrás los retos planteados por Iguala y Tlatlaya y los anarquistas han sido seleccionados como la puerta de escape a la crisis.
Es claro que el informe presentado la semana pasada por la PGR es más que un paso hacia el frente, una explicación del cómo se dar por terminado caso. Lo demás lo hará el tiempo. Y lo que se presente, se resolverá con el fallo de los peritos extranjeros. El gobierno concluyó su labor.
El problema sin embargo, es que ello no le dio al presidente Enrique Peña Nieto, toda la plataforma deseada para realizar su nuevo viaje internacional. Así, la violencia ante Palacio Nacional se convirtió en el instrumento adecuado para enfrentar la salida.
El discurso oficial, en todos los frentes y en todos los tonos, es el de la violencia. Pero la violencia de los enemigos de la democracia. El ataque a Palacio Nacional no puede quedar justificada por la demanda de justicia en el caso Iguala.
Una salida perfecta. Un argumento impecable. Y una forma elegante y hasta efectiva, para evadir responsabilidades y muchas interrogantes aún sueltas.
Sin embargo, por más que las críticas a los violentos sea válidas, lo que el gobierno provoca en realidad es el surgimiento de más interrogantes.
Así, valdría la pena saber las razones por las cuales el gobierno en todos sus niveles, no pone remedio a la situación. Esto es, ¿cómo es que esos violentos siguen en libertad y cómo es que el gobierno no sabe quiénes son, en dónde están y quiénes los patrocinan?
Del mismo modo, la violencia que critica el gobierno deja ver debilidades en el aparato de inteligencia del estado. La misma falla que llevó el caso de Tlatlaya a niveles de crisis para el Ejército y que condujo en Iguala al asesinato de los estudiantes.
Y entonces, si la falla es más que evidente en las labores de investigación e inteligencia ¿no antes
que lanzar las críticas a los violentos se tendrían que tomar medidas internas y poner remedio a esa serie de errores?
Si las cosas se mantienen en el mismo punto, ¿no entonces el propio gobierno sería el impulsor de la violencia que hoy critica?
La realidad nos dice que el gobierno del presidente Peña Nieto no ha encontrado la forma de resolver la crisis de clase política a la que se enfrenta. No ha podido poner orden en sus filas y no ha entendido que se encuentra sujeto a presiones que no se resolverán en base a medias verdades y grandes evasivas.
Hasta el momento, los temas siguen abiertos. Y Las dudas también.
¿Qué se hace con las fosas llenas de cadáveres encontradas en Guerrero de las que ya nada se dice? ¿Qué con las evidentes fallas de las autoridades en Guerrero? ¿Qué con la complicidad ofensiva del grupo de los “chuchos” para con los hasta el momento únicos responsables? ¿Cuántos Iguala más se pueden encontrar en el país, gracias a la corrupción y colusión de autoridades políticas con la delincuencia organizada? ¿No habrá más investigaciones?
Descalificar a unos cuantos para salvar las descalificaciones que le llueven al gobierno puede parecer una medida efectiva. Y lo será seguramente, pero sólo en el corto plazo. Sucederá lo mismo que con Tlatlaya. Los esfuerzos por encubrir las ejecuciones fueron efectivas hasta que la verdad saltó por donde menos se le esperaba.
El gobierno logró su viaje internacional. Y puede pensar que ya cerró los expedientes contra el ejército y contra sí mismo por lo de Iguala.
Pero la verdad es que, contra todo lo que se pueda pensar, en esta ocasión el tiempo no ayuda. Corre en sentido contrario.


