04Las senadoras Angélica de la Peña Gómez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, y Cristina Díaz Salazar, de la de Gobernación, presentaron el libro “Prisión y Familia: retos para la cohesión social y el desarrollo del siglo XXI”.

La perredista De la Peña subrayó que la obra pretende sensibilizar a la sociedad en el sentido de que las personas que están cumpliendo una sanción de privación de libertad deben tener oportunidades para que se reinserten en la sociedad y no cerrarles los caminos, que les pueden llevar a reincidir, una vez cumplida su sentencia.

Luego de resaltar que el Senado está en la discusión y elaboración de la Ley Nacional de Ejecución Penal, dijo que en la sociedad mexicana existe gran cantidad de prejuicios que impiden tomar las decisiones correctas para evitar la marginalidad y la discriminación en contra de las personas en reclusión y de aquellas que han salido en libertad.

Hizo énfasis en que cuando una persona tiene que purgar una sanción de privación de libertad, esto se convierte en un problema para la familia, sobre todo cuando es el proveedor de este núcleo, ya que enfrenta la estigmatización social.

A su vez, la presidenta de la Comisión de Gobernación sostuvo que el hecho de tener un familiar preso genera nuevas necesidades y problemas al interior de la familia, además de presión moral y carencias económicas que impactan la unidad de este núcleo.

Díaz Salazar consideró que para atenuar esta situación se requiere de más apoyo gubernamental, por medio de políticas públicas para solventar el déficit económico, social y familiar de las familias de reclusos.

Destacó que la obra sugiere la urgente creación de un Instituto de Atención a Familias en reclusión, el cual tendría políticas públicas para apoyar a estas familias en diferentes rubros.

Lo que todos queremos, dijo, es que estas familias salgan adelante y no que se hundan más, para ello es indispensable impulsar la actividad laboral del interno y otorgarle seguridad social a su familia.

Comentó que un problema que enfrenta una persona que ha cumplido su sentencia se da cuando intenta reinsertarse a la vida económica y le solicitan la carta de no antecedentes penales, por lo que indicó que esto debe ser materia de reflexión.

La autora del libro, Patricia Liliana Cerda Pérez, investigadora de la Universidad Autónoma de Nuevo León, expuso que a pesar de que el tema sobre reclusión es doloroso, hay esperanza de que la sociedad se preocupe por las personas internas en alguna cárcel del país.

Desafortunadamente, agregó, existen pocos estudios sobre las familias de reclusos, de sus condiciones económicas y sociales, por lo que aseguró que el estudio está hecho para sensibilizar a la sociedad acerca de estos grupos que escasamente tienen apoyos de gobiernos estatales o federales.