Por lo visto, para el gobierno federal la comunicación es una preocupación, pero no una prioridad. Su incapacidad para manejar todo lo que es la información es ya, más que evidente. Y lo peor es que, cada mensaje con el que se intenta “aclarar” algo, lo que en realidad se logra es simplemente, crear nuevas y mayores dudas.
Si Aurelio Nuño como jefe de la Oficina de la Presidencia puso en evidencia la soberbia con la que se conduce el gobierno, el Secretario de Marina, Vidal Soberón, apareció para demostrar la incapacidad oficial para informar, explicar y actuar de manera congruente y lógica.
El titular de Marina extornó su enojo por lo que dijo, es manipulación de los hechos en Iguala, mentiras que se lanzan sin sustento y por que el apoyo que se ofrece a las familias de los normalistas no es más que una bandera de intereses políticos.
Del mismo modo, para el almirante Soberón, hay un evidente interés por desacreditar a Marina, a la Defensa, al Cisen y a la PGR, cuando en realidad, lo que existe es una investigación impecable.
Y hasta ahí llegó el Secretario de Marina. Y justamente ahí se inician todas las preguntas y todas las especulaciones.
De entrada, habría que preguntar ¿quiénes son los manipuladores? Y después, tendría que saberse si lo que hacen es algo ilegal.
Si se miran con calma las afirmaciones del funcionario, se tendrá a la vista el hecho de que, uno de los hombres responsable de una de las instituciones a la que supuestamente se quiere desacreditar, lo que hace es denunciar el hecho, pero no a los culpables. Y ello no es congruente.
Si se refiere al movimiento que en Guerrero llevó ya el problema al nivel político de luchar por cancelar elecciones, tendría que decirlo. Y si se trata de otros “intereses” también.
De lo contrario, resulta que hay quienes manipulan a los padres de familia y hay quienes desean
manipular a la opinión pública. Y ello es resultado de una aplicación simple, de la lógica.
Del mismo modo, el almirante Soberón puede señalar el hecho de que hay quienes atacan a ciertas dependencias oficiales. Lo que difícilmente podrá lograr es que se acepte que en los hechos de Guerrero no existieron fallas estructurales que dieron pie a todo lo sucesos.
Negar que todo el aparato de inteligencia del estado fracasó en Iguala sería una necedad. Y querer llevar toda la responsabilidad a un alcalde y su esposa y a la policía local, parece una burla.
La colusión de la delincuencia organizada con la pareja de Iguala es incuestionable. Pero el tema radica en las razones por las cuales, todas y cada una de las instituciones dedicadas al combate del narcotráfico nunca supieron nada de nada.
El gobierno federal parece empeñado en evadir la responsabilidad que le corresponde en todo esto. Y parece dispuesto a lograrlo por todos los medios. Y uno de esos medios es el de la negación misma, sin entender que no sólo perdieron la comunicación, sino que nunca han entendido todo lo que ello significa.
Los problemas para el gobierno sin embargo, se suman y forman un reto muy importante.
A los hechos en Tlatlaya, Iguala y a la casa blanca, se suman los problemas económicos que en la caída del precio del petróleo, la devaluación del peso y la debacle en la bolsa quedan debidamente sintetizados.
Y la inyección de millones de dólares a la lucha por detener el pánico provocado por la devaluación no ha logrado más que pequeños y muy breves alivios.
El problema para el gobierno es que asume medidas poco efectivas en todos los terrenos. Y a cambio deja ver que además de llevarlos a la calle para la lucha abierta contra la delincuencia organizada, el gobierno de Enrique Peña Nieto está dispuesto a utilizar a las fuerzas armadas también en los templetes como instrumentos políticos.
Con todos los riesgos que ello implica.


