El coordinador de la bancada del PRD en la Cámara de Diputados, Miguel Alonso Raya, exigió a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) acatar las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en torno a las leyes que emanaron de la reforma educativa.
“Ya se interpusieron los amparos, los cuales ya se resolvieron por parte de los magistrados y dándole la razón en todo momento al Poder Legislativo”, aseguró.
Por lo tanto, señaló, todo mundo tiene que someterse a la legalidad y para poder resolver los conflictos en las entidades en donde hay rezago, atraso y marginación, se tiene que abrir una mesa de negociación que permita resolver estructuralmente los problemas que hay en Guerrero, Michoacán, Chiapas o Oaxaca.
En conferencia de prensa, señaló que esos problemas que existen en el país no pueden ignorarse para efecto de la educación, como sucede en el caso de salud o para otros asuntos en donde evidentemente no es lo mismo en el norte o del centro del país.
Asimismo, condenó que integrantes de la CNTE agredieran el fin de semana pasado en Chiapas a maestros que querían participar en la evaluación magisterial.
“Ningún conflicto en este país debiera resolverse por la vía de la violencia. Los maestros de la CNTE que reclaman respeto a los derechos laborales deberían también respetar la decisión de otros profesores”, indicó.
Por lo tanto, dijo, “es condenable la actitud que asumieron con los maestros de la disidencia que raparon, en una humillación, en una vejación, a los maestros y maestras, simplemente porque tienen una visión o una actitud distinta a ellos”.
Parte de lo que sucede en estados como Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Chiapas “tiene que ver con el tipo de convenios que se firmaron desde 1992, año en el que se hizo la descentralización educativa”, expuso el legislador del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Consideró que se requiere construir un nuevo acuerdo para aclarar qué le toca a los estados y qué le corresponde a la federación, “cuáles son las responsabilidades de cada uno de ellos en el marco del otorgamiento del servicio de educación pública en cada una de las entidades del país”.
Alonso Raya recordó que se aprobó una reforma en materia educativa que establece la evaluación del magisterio y la mayoría de los profesores del país han participado en los exámenes.
También comentó que recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó varios amparos presentados por integrantes de la CNTE y avaló la constitucionalidad de la reforma educativa y la evaluación a los maestros.
“Lo que toca es acatar la resolución de las decisiones. La ley, se interpusieron amparos, se resolvieron los amparos y se resolvieron dándole la razón al legislativo, de tal manera como salió dictaminada y publicada la ley o las leyes secundarias en el Diario Oficial de la Federación”, insistió.
Sobre el caso Tlatlaya, aclaró que no está cerrado y consideró que las autoridades deben proporcionar la información necesaria que aclare lo ocurrido durante el enfrentamiento de junio de 2014 en ese municipio del Estado de México, en el que murieron 22 personas.
El legislador perredista sostuvo que al Grupo de Trabajo plural de la Cámara de Diputados, conformado para coadyuvar con las autoridades competentes en la investigación de esos hechos, nunca se le proporcionó la información que se requería para tener un informe adecuado.

