empresa salSenadores del Partido Acción (PAN) denunciaron numerosas irregularidades en la administración de la empresa paraestatal Exportadora de Sal S.A de C.V (ESSA) que este año podrían costar al erario 50 mil millones de pesos por presuntos actos de corrupción.

Ventas por debajo de los costos de producción, pérdidas cambiarias, sobreprecios en la adquisición de equipos, doble contabilidad, prácticas monopólicas, presunto enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos y reembolsos millonarios a la empresa Mitsubishi, son algunas de las irregularidades detectadas, indicaron.

A través de un punto de acuerdo, los senadores Marcela Torres Peimbert, Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, Juan Carlos Romero Hicks, Víctor Hermosillo y Celada, Ernesto Ruffo Appel y Francisco Búrquez Valenzuela, condenaron que sean los actos de corrupción los han marcado este sexenio.

En el caso de la empresa Exportadora de Sal S.A. de C.V., que opera en Guerrero Negro, Baja California Sur, mediante una coinversión entre Fideicomiso de Fomento Minero y Mitsubishi Corporation, con 51 y 49 por ciento de las acciones, respectivamente, los legisladores resaltaron hechos altamente cuestionables.

Al respecto, señalaron presuntas prácticas monopólicas en la venta del producto a Japón, toda vez que los convenios con Mitsubishi parecen establecer el precio y concentrar las ventas del mineral en el país asiático.

“Existen evidencias de que, según el SAT, el Consejo de ESSA vende a Mitsubishi la tonelada de sal en menos de 10.93 dólares; sin embargo, en los documentos de exportación se registra la misma venta en 20 dólares. Sin contar que esas cantidades siguen estando por debajo del precio internacional 

 “Se observaron ventas en las que el precio aplicado fue inferior al costo promedio de producción en el 2013, lo que propició que ESSA no recibiera 3 mil 412 millones de dólares (43 mil 816 millones de pesos) para cubrir al menos dicho costo. Se calcula que para este año es posible que el daño patrimonial alcance los 50 mil millones de pesos, entre las pérdidas cambiarias y los reembolsos entregados por ESSA a Mitsubishi”, se advierte en el punto de acuerdo.

En 2013, se agrega, mil 300 trabajadores hicieron una denuncia ante la opinión pública señalando que el socio minoritario Mitsubishi compra a precios muy bajos del mercado y comercializa este producto acaparando la totalidad de la producción con el daño a la empresa y la complacencia del presidente del Consejo de Administración ESSA.

Al parecer, se añade, a pesar de que la ASF ha tenido conocimiento del problema no ha presentado ninguna denuncia y tampoco se ha sancionado a funcionario alguno.

Asimismo, mencionaron que en la adquisición de equipo llama la atención el sobreprecio, como es el caso de la compra de una barcaza por 27.4 millones de pesos y que ante la queja de uno de los participantes, la Secretaría de Economía ordenó la cancelación de la compra, sin que ésta fuera atendida.  

Por otra parte, los senadores manifestaron las resistencias por la designación del nuevo director de administración y finanzas, Jorge Guillermo Esquivel, quien ha sido asociado a escándalos por fraudes y enriquecimiento ilícito, así como las acusaciones sobre el actual coordinador de minas de la Secretaría de Economía, Mario Alfonso Cantú.

“Este funcionario ha solapado un sinfín de irregularidades en su carácter de Presidente del consejo de Administración de ESSA, entre otras, la doble contabilidad de la empresa, el pago de sueldos y sobresueldos, la venta de la sal a precio muy por debajo de la cotización internacional”, apuntaron.

Los senadores panistas condenaron que en materia presupuestal ESSA cueste hoy más de lo que produce, porque “las ganancias se las llevan otros y los costos los pagamos los mexicanos”.

Por este motivo, exigieron a que la Secretaría de Economía proporcione un informe detallado de los ingresos y egresos de Exportadora de Sal S.A de C.V, así como de la política para fijar el precio de la sal por debajo del promedio de costo internacional.

De igual modo, solicitaron la intervención de la Secretaría de la Función Pública para realizar una auditoría integral a ESSA y a la ASF para efectuar una amplia investigación y, en su caso, iniciar las acciones penales correspondientes.