PERSPECTIVAS

Por Norberto DE AQUINO

 

Los esfuerzos son inútiles. El gobierno de Enrique Peña Nieto no sólo no puede resolver los grandes retos a los que se enfrenta, sino que cada que intenta dar un paso hacia el frente, aparece un nuevo escándalo que lo obliga a retroceder. Así, en el momento en que se ponía en marcha el plan para acabar con el GIEI, la CIDH y dar por concluido el caso Iguala, aparece el escándalo de las masivas evasiones fiscales que, guste o no, pega directo en la línea de flotación de la administración federal.

Para que el panorama quede lo más claro posible, habrá que recordar primero, que fue el gobierno peñista el que decidió enfrentarse de manera abierta con por lo visto, algunos empresarios con una reforma hacendaria que, entre otras muchas cosas, prometía poner en vigor una política fiscal pareja. Ahora sabemos que todo quedó en el discurso. No todos son iguales.

Del mismo modo el escándalo que ya se conoce como Panamá-Papers pone en evidencia que la persecución fiscal en México tiene sus niveles. Hay quienes no tienen problema alguno para mover sus capitales. Nadie los molesta y a nadie preocupa por lo visto, la forma en que esos dineros fueron obtenidos.

Así, la Secretaría de Hacienda aparece como una dependencia que aplica la ley a quienes se encuentran lejos del poder. O dicho de otra manera, que tiene simpatías por aquellos que no están en el círculo cercano al poder.

Del mismo modo, todo lo que es llamado Inteligencia Financiera de la propia Secretaría de Hacienda, aparece a los ojos de todos los mexicanos, como una entidad si no totalmente inútil, si como una oficina dispuesta a perseguir a ciertos ciudadanos, tanto como a no ver las irregularidades cometidas por otros más.

La situación para el gobierno de Enrique Peña Nieto se complica en el momento en el que, de acuerdo a los papeles del escándalo, el empresario favorito del régimen, que lo fue también durante el mandato del mismo EPN en el Estado de México, Juan Armando Hinojosa, aparece como uno de los grandes participantes en los movimientos de dinero a paraísos fiscales sin que se tenga noticia de los pagos de los impuestos correspondientes.

Y lo importante es que esos movimientos de dinero, mucho dinero, se realizaron justo cuando la Secretaría de la Función Pública iniciaba su “investigación” sobre el posible caso de conflicto de conflicto de interés del presidente de la República y del Secretario de Hacienda por las casas Blanca y de Malinalco.

De pronto, el panorama que se tenía previsto y que quedaba centrado en el objetivo de “cerrar” de una buena vez y para siempre el caso Iguala, se convierte en una tormenta ya que no sólo no se logró el impacto adecuado sobre el tema de los normalistas de Ayotzinapa, sino que además, ahora se tiene que pensar en la defensa de los personajes del sector privado, cercanos al poder y con contratos recibidos gracias a esa cercanía.

El caso de Juan Armando Hinojosa pone contra la pared a la Secretaría de Hacienda, a su Unidad de Inteligencia Financiera, al SAT y a la cada vez más empequeñecida Función Pública.

Deja al gobierno totalmente expuesto. Los grandes empresarios ligados al poder, pudieron mover grandes cantidades de dinero a paraísos fiscales sin problema alguno. Y las autoridades quieren que se crea que se han enterado gracias al trabajo periodístico realizado por un importante conjunto de medios de comunicación. Ahora, el gobierno tiene un nuevo golpe a su prestigio. Justo en el momento en el que pensaba que estaba cerca de terminar con el dolor de cabeza que ha sido desde septiembre del 2014, el caso Iguala.

Sin embargo, Iguala no se ha cerrado. Y a partir de ahora, se tendrá que soportar el golpe de las evasiones de impuestos, la incapacidad o complicidad para aceptar ese hecho y la gravedad que, como dicen los Panamá-Papers, de tener que certificar si en el manejo de los fondos todo lo que existe es sólo la evasión de impuestos.

Y a querer o no, lo que se tiene a la vista es apenas el inicio del nuevo escándalo que, a querer o no, pega en la línea de flotación de un gobierno que no acaba de entender que, en comunicación, no entiende que no entiende.