norberto-de-aquino4Por Norberto DE AQUINO

 

A pesar de la larga cadena de fracasos que se acumularon con esa estrategia, el gobierno ha decidido no modificar sus planes y dejará que el caso de Iguala se enfríe todo lo posible antes de intentar aclarar las muchas dudas que ha dejado el GIEI tras su partida.

La cada día más devaluada Procuraduría General de la República ha dado un paso hacia la intención de no transparentar las cosas. Al menos no en plazos cortos. La idea es, evidentemente, dejar que los muchos problemas que sacuden al país y el tiempo, colaboren a que el olvido regreso el caso a los segundos planos. Y de ahí, con elecciones en puerta, con desajustes políticos y con debates en torno al nuevo fracaso en la lucha contra la corrupción, entonces aparecer con la “solución” a las dudas.

Tomás Zerón es un lastre insalvable para la PGR y la “verdad histórica”. Mantener la campaña de ataques en contra del GIEI no es más que la demostración de que el grupo político que intentó conducir el caso Iguala ha fallado de lado a lado. Y lo que es más serio, llevó al gobierno a una posición de descrédito total ante el mundo.

Guste o no, el señor Zerón violentó el marco legal y puso en duda todos los elementos sobre los cuales se fincó la citada “verdad histórica”. Más aún, dejó al estado en una posición de debilidad política y legal creciente.

A partir de su poco inteligente y nada legal visita a Cocula un día antes de que aparecieran las bolsas con los restos humanos entre los que se encontró material para identificar a uno de los normalistas desparecidos, todo lo hecho por la PGR se vino por tierra.

La PGR anuncia una investigación interna. Pero ante la cantidad de pruebas arrojadas en contra de los dichos del señor Zerón y ante la ola de desmentidos enviadas desde el exterior y de organismos internacionales de primer nivel ¿qué es lo que se tiene que investigar?

Dicho de otra manera, ¿no hay pruebas suficientes como para por lo menos, separarlo ya del cargo y abrir una investigación total sobre lo sucedido con el caso Iguala?

El problema de la PGR es enorme. Esta es la misma PGR que no aclaró nunca el caso de los policías judiciales que sembraron una pistola al abogado de Infraiber, empresa que mantenía una disputa legal con OHL, empresa ligada a negocios con el gobierno federal y el del estado de México. Desde septiembre pasado, se habló de investigación y sanciones en el caso de que se probaran delitos

Pero una investigación real, hubiera llevado las preguntas a los niveles superiores del PGR para determinar quiénes dieron las órdenes y quiénes estaban enterados del operativo. Así, todo quedó en el tiempo.

Y si con el video de los policías sembrando la pistola todo quedó en el tiempo, la idea que se deja es que para investigar la diligencia de Zerón en Cocula va en la misma dirección.

Poco importó que en el pleito contra OHL quedará en entredicho la postura del gobierno. Las dudas sobre la protección ya poyo oficial a esa empresa fueron muchas y nunca aclaradas.

Ahora, lo que está en juego es, otra vez, la posición oficial. Sólo que en el caso que ha puesto de rodillas a nivel internacional al gobierno de Enrique Peña Nieto. Y la decisión no es ir en pos de la verdad, sino tras de la necesidad de evitar que las cosas se aclaren totalmente. Es obvio que si Zerón cae, la investigación tendría que centrarse en las razones por las cuales se violentó la ley.

Se tendría que trabajar en torno a quiénes participaron en la idea de la visita y trabajar sobre la idea de la siembra de pruebas. Y ello, en buen romance, dejaría atrás no sólo a la verdad histórica, sino que obligaría a preguntarse cuántos funcionarios y de qué nivel estaban en esa estrategia.

Y después, establecer las posibles ligas entre ellos y todo el tema de la corrupción, el narcotráfico y por supuesto, la desaparición de los normalistas.

La PGR mantiene la estrategia del tiempo y las promesas vacías. Pero en esta ocasión el costo podría ser muy alto.

Salvar a Zerón puede resultar sencillo en la práctica. Pero se tendría que entender que hacerlo será costa del gobierno de Enrique Peña Nieto. Con todo lo que ello representa.