cndhPor el caso de una mujer víctima de violencia sexual, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recomendó al gobierno de Guanajuato y al ayuntamiento de Celaya proporcionar atención psicológica especializada a la afectada e iniciar el procedimiento administrativo correspondiente.

En la recomendación 64/2016, el ombudsman nacional explicó que la víctima sufrió agravio en la modalidad de inadecuada procuración de justicia y discriminación por parte de agentes de la Policía Municipal de Celaya y personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

Refirió que aunque la víctima fue violentada sexualmente el 4 de abril de 2014 y lo comunicó a su esposo y a dos policías municipales, éstos últimos omitieron realizar un recorrido para ubicar al agresor y estar en condiciones de detenerlo.

De acuerdo con el organismo, uno de los elementos policiacos se dirigió al cónyuge de la víctima para decirle que ésta “tenía un novio o amante”, para luego llevarla a la Agencia del Ministerio Público y dejarla en el exterior del edificio.

Mencionó que además, la persona encargada del módulo de atención primaria de la (PGJE) cuestionó la entereza de la mujer frente a lo ocurrido y el por qué no estaba golpeada o maltratada, incluso la acusó de dejar a sus hijas para ir “a tener sexo con un hombre”.

Luego de atraer el caso en noviembre de 2014 e integrar el expediente CNDH/4/2014/7281/Q, el órgano defensor de las garantías individuales constató que las declaraciones de los agentes policiales no son coincidentes y que ninguno elaboró ni remitió el parte informativo de lo sucedido.

Indicó que tampoco informaron a la víctima la importancia de preservar los elementos posibles de prueba ni actuaron con empatía, aunado a que al momento de canalizarla al módulo del Ministerio Público no estuvieron alerta ante posibles tratos discriminatorios hacia ella.

La CNDH subrayó que la autoridad ministerial no recabó los testimonios de los agentes ni solicitó información al organismo defensor de derechos humanos local y tampoco requirió a los policías el informe de hechos ni información grabada que aportara datos sobre los hechos.

Por ello, de acuerdo con la recomendación, el gobernador Miguel Márquez Márquez y el ayuntamiento de Celeya deberán reparar el daño a la víctima en términos de las leyes correspondientes de dicha entidad.

Asimismo, deberán proporcionar atención psicológica especializada hasta su sanación física, psíquica y emocional, y colaborar con la CNDH en las quejas que presente para iniciar procedimiento administrativo contra el personal ministerial y policial que intervino en los hechos.