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Seguro de desempleo, firme en la constitución de la CDMX


constituyenteLa Asamblea Constituyente aprobó el artículo 15 de la Constitución capitalina, referido a la Ciudad Productiva, donde quedó establecido el seguro de desempleo como el programa a través del cual se otorgará a las personas en tal condición, los recursos y las condiciones necesarias para una vida digna, en tanto se reincorporan a alguna actividad productiva.

El artículo 15 establece el derecho al desarrollo sustentable y derecho al trabajo en la capital, establece además las disposiciones para las relaciones de las instituciones públicas capitalinas con sus trabajadores.

El artículo aprobado señala en el apartado A que en la ciudad toda persona tiene derecho a participar en el desarrollo económico, social, cultural y político para ejercer a plenitud sus derechos humanos y libertades fundamentales.

Son diversos los temas contemplados en el apartado B, entre ellos, el reconocimiento y tutela del derecho humano al trabajo, el respeto a éste en todas las políticas públicas y en la estrategia de desarrollo local y el goce de los derechos humanos en materia laboral reconocidos por la Constitución federal, tratados e instrumentos internacionales para los habitantes de la ciudad.

El artículo 15 señala además que las autoridades de la capital habrán de promover la igualdad sustantiva en el trabajo y salario, y la generación de condiciones para el pleno empleo, el salario remunerador, el aumento de los ingresos reales y el incremento de empleos formales.

Se aprobaron también programas para erradicar el trabajo infantil, esclavo y forzado, así como la discriminación laboral.

Se incluye un numeral para la implementación de programas que protejan con efectividad los derechos de las personas trabajadoras domésticas y cuidadores de enfermos a través de la firma de contratos con los empleadores y el acceso a la seguridad social. Ambas labores se reconocen en la Constitución como generadoras de bienes y servicios para la producción y reproducción social.

A propuesta del constituyente Héctor Bonilla, de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), se aprobó por mayoría calificada la adición de un inciso al apartado B, numeral 4,  que contempla el desarrollo de programas para “la protección eficaz de las personas trabajadoras frente a los riesgos de trabajo, incluyendo los riesgos psicosociales y ergonómicos, y el desarrollo de las labores productivas, en un ambiente que garantice la seguridad, salud, higiene y bienestar”.

Al argumentar su propuesta, Bonilla dijo referirse a las personas, sobre todo adultos mayores, “que cargan grandes pesos de charolas en los restaurantes, donde no se les permiten sentarse porque se ve feo; estas personas son realmente esclavas. Yo sugeriría que obliguemos a estos establecimientos para que cada hora los trabajadores puedan sentarse cinco minutos, mínimo cada hora, y a las personas que trabajan en un estacionamiento respirando todo lo que se respira allá abajo, se les permita salir a respirar aire cada cinco minutos”.

DERECHO DE ASOCIACIÓN SINDICAL

Quedó instituida en el artículo la salvaguarda de las autoridades capitalinas al derecho de asociación sindical de trabajadores y empleadores, así como la protección contra cualquier acto de discriminación que menoscabe la libertad sindical y para la participación en la firma y terminación de los contratos colectivos; además, las autoridades velarán por el respeto a la democracia sindical, para elegir a sus representantes sindicales mediante el voto personal, libre y secreto. En este sentido, la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Cecilia Romero, señaló que la autoridad debe respetar a la asociación sindical, dejarla ser y crecer, lo cual redundará en mejores condiciones de vida para los trabajadores.  

Quedaron comprendidas las garantías del derecho al acceso a la información pública en materia laboral y de impartición de justicia laboral honesta, imparcial y profesional, pronta y expedita, con servicios de conciliación y mediación. A propuesta del diputado José Andrés Millán Arroyo, del Partido Encuentro Social, se incluyó que la justicia debe ser pública y gratuita.

Por otra parte, en este articulado se establece que se dará impulso a la conformación y funcionamiento de cooperativas de trabajadores y otras formas de organización productiva del sector social de la economía.

TRABAJO NO ASALARIADO EN LA CDMX

A propuesta del constituyente del Partido Nueva Alianza (Panal), Gabriel Quadri, se hicieron modificaciones al apartado B, numeral 12 relacionado con los trabajadores no asalariados, para incluir a los artesanos en esta categoría. Quedó de la siguiente manera siguiente:

“Las personas trabajadoras no asalariadas, prestadoras de servicios por cuenta propia que producen bienes y artesanías y comerciantes tienen derecho a realizar un trabajo digno y a poseer una identidad formal en la Ciudad de México, a asociarse para defender sus intereses, recibir capacitación y las demás que establezca la legislación en la materia”.  Su propuesta fue aprobada por 70 votos en favor, nueve en contra y una abstención.

Con una reserva de la diputada de Morena, Patricia Ruiz Anchondo, se realizó una adición al numeral 12 para que las autoridades garanticen que los locatarios de los mercados públicos gocen de condiciones sanitarias, certeza y seguridad jurídica adecuadas. Se señala que conservarán sus derechos adquiridos y gozarán de los mismos derechos que los trabajadores no asalariados.

Se presentaron diversas reservas para modificar el numeral 13 del apartado B relativo al fondo de pensiones de las personas no asalariadas. El dictamen proponía que este fondo fuera para pensiones y ahorro de los no asalariados, con aportaciones de los beneficiarios.

La diputada del grupo parlamentario Constituyente, Clara Judisman, presentó una reserva para que el fondo también tuviera el propósito de financiar la atención médica, además de las pensiones y el ahorro. También propuso que el fondo contara con participación de las autoridades de la ciudad. El diputado Roberto López, del PRD, también presentó una reserva para que en el fondo fuera financiado por el gobierno y no sólo por los beneficiarios, como lo proponía el dictamen.

Al final, los términos del dictamen a este respecto fueron sometidos a votación por separado y no contaron con la aprobación de la mayoría calificada, por lo que el numeral 13 del apartado B fue regresado a la Comisión de Carta de Derechos para una nueva dictaminación, para lo cual contará con 72 horas.

También se aprobó, a propuesta del diputado del Panal Gabriel Quadri, el establecimiento de zonas especiales de comercio y cultura popular. De igual forma, la ley determinará los mecanismos para un proceso gradual de regularización y formalización en materia urbana del espacio público, prestaciones públicas  y de seguridad social.

Por otra parte, a propuesta del diputado de Morena Damián Alcázar y apoyado por legisladores como Alejandro Chanona, de Movimiento Ciudadano (MC), Javier Quijano y Elvira Daniel, de Morena, Santiago Creel, del PAN, y Eduardo Escobedo y Enrique Jackson, del PRI, la Constituyente convino en que es necesario promover mecanismos de conciliación entre el trabajo y la familia, incluyendo la movilidad geográfica en razón de la proximidad del centro de trabajo y domicilio del trabajador, con el diseño e implementación de los patrones o empleadores.

PROTECCION DE LOS CAMPESINOS Y PRODUCTORES RURALES

El artículo 15 fue adicionado con dos apartados.

A propuesta del diputado del Ejecutivo Federal Augusto Gómez Villanueva, se añadió un apartado D denominado “De los campesinos y pequeños propietarios rurales” para establecer que la Ciudad de México tutela los derechos de toda persona campesina y todo propietario rural y  promueve su participación en la adopción de políticas para el desarrollo de sus actividades, con pleno respeto a la propiedad social y a la propiedad privada.

Se aprobó que las autoridades de la ciudad adoptarán las medidas necesarias para salvaguardar el ejercicio de las libertades de estos grupos de población, en la determinación de las formas y modalidades de producción, comercialización y distribución, con el objetivo de lograr el bienestar de la población campesina.

De manera adicional, las autoridades de la ciudad estimularan y apoyaran los cultivos agropecuarios tradicionales, la organización familiar y cooperativa de producción y su transformación agroindustrial, así como las actividades en las que participen para realizar el aprovechamiento racional y tecnificado de las reservas forestales y de la zona lacustre, en términos de la legislación aplicable y los compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano.

El segundo apartado que se adicionó, a propuesta de Hugo Eric Flores, a nombre del grupo parlamentario Partido Encuentro Social, tiene el propósito de promover la inversión social productiva, para lo cual el gobierno de la Ciudad de México establecerá programas y designará presupuesto para el fomento al impulso de las actividades económicas tendientes al desarrollo económico, social y el empleo en la ciudad.

 

“Las autoridades contribuirán a la generación de un entorno favorable a la innovación productiva, a la creación de nuevas empresas, el desarrollo y crecimiento de las empresas de reciente creación, así como a las ya existentes que propicien de manera dinámica, integral y permanente el bienestar económico y social de la ciudad”.

 

APROBADO, EN LO GENERAL, EL ARTÍCULO 16

 

El artículo 15 fue aprobado en lo particular por 66 votos en favor, uno en contra y una abstención.

 

Aprobado, en lo general, el artículo 16, denominado Ciudad incluyente, que se refiere a los grupos de atención prioritaria y las disposiciones comunes para el pleno ejercicio de sus derechos.

 

En contra del artículo se manifestaron Clara Jusidman, del grupo parlamentario Constitucionalista, y Hugo Eric Flores, del PES. La primera manifestó su desacuerdo por el cambio de enfoque plasmado en el dictamen, pues no se establece que los diferentes grupos poblacionales son sujetos de derechos, como señalaba el proyecto original de Constitución. “No se trata de grupos vulnerables sino vulnerabilizados y se debería reflejar el compromiso de las autoridades con estos grupos”.

 

Por su parte, Flores Hernández señaló que es necesario contemplar un nuevo apartado para reconocer a las minorías religiosas, no como sujetos de acción afirmativa, sino simplemente sujetos de derechos en la ley.

 

Tobyanne Ledesma, del PRD, Margarita Valdés, de Morena, Yolanda de la Torre, del PRI, y Mauricio Tabe, del PAN expresaron que votarán en favor de este artículo.

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Reportero mexicano con 37 años de labor informativa

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