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Matrimonio civil, derecho de personas LGBTTTI reconocido en la Constitución de la CDMX


constitutenye-plenoLa Asamblea Constituyente discutió y aprobó el artículo 16 de la Constitución de la Ciudad de México, referido a la Ciudadincluyente, en el cual quedó consagrado el derecho al matrimonio civil de la comunidad LGBTTTI; la salvaguarda de la dignidad y el desarrollo de la niñez en situación de calle; y un sistema integral para la atención de adultos mayores que prevenga el abuso, abandono, aislamiento, negligencia, maltrato, violencia y cualquier situación que implique tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes o atente contra su seguridad e integridad. Quedó consagrada en la Constitución la pensión a los adultos mayores.

De igual forma se aprobó que el derecho a la reinserción social de quienes han estado privados de su libertad no concluye cuando la persona abandona la prisión y se requiere que recobren el sentido de vida digna una vez que han cumplido las sanciones. Se  consagró el derecho a la reparación del daño a las víctimas de violaciones a derechos humanos y delitos y, por otra parte, se incluyeron también los derechos de las minorías religiosas.

El artículo 16 fue modificado en su apartado A en el que se definen los grupos de atención prioritaria, para recuperar la necesidad de priorizar el ejercicio y la realización de los derechos de aquellas personas que por razones de desigualdad estructural enfrentan discriminación, exclusión, abuso y violencia. Se establece que la Ciudad de México garantizará una atención prioritaria para que estos grupos accedan a la superación de los obstáculos para el ejercicio pleno de sus derechos. Esta reserva fue presentada por las diputadas Clara Brugada, de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), y Clara Jusidman, del grupo parlamentario Constitucionalista, entre otros, y fue aprobada con 51 votos en favor, 26 en contra y cero abstenciones.

Los grupos de atención prioritaria que quedaron reconocidos en la Constitución como sujetos de derechos son: mujeres; niñas, niños y adolescentes; jóvenes; adultos mayores; personas con discapacidad; personas LGBTTTI (lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti e intersexual); personas migrantes y sujetas de protección internacional; víctimas de violaciones de derechos humanos o delitos; personas en situación de calle; personas privadas de su libertad; personas que residen en instituciones de asistencia social; personas afrodescendientes; personas de identidad indígena y derechos de minorías religiosas.

En este articulado quedó establecido que las autoridades deberán adoptar medidas legislativas, administrativas, presupuestarias, judiciales y otras, para eliminar las barreras que impiden la realización plena de los derechos de estos grupos.

La ciudad garantizará el derecho de estos grupos a una vida libre de violencia o discriminación y asegurará la no criminalización, represión o reclusión, motivada por su condición. Para atender las causas multifactoriales de discriminación de estos grupos se aprobaron medidas de nivelación con enfoque de atención diferencial; además,  estrategias para visibilizar y sensibilizar a la población sobre sus derechos. También se crearán y fortalecerán organizaciones de sociedad civil enfocadas a la defensa de sus derechos.

En el artículo destaca la obligación de las autoridades para actuar con diligencia para prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, tomando en cuenta la situación y condiciones de vulnerabilidad de cada grupo.

A propuesta de las y los diputados Clara Jusidman, del grupo parlamentario Constitucionalista; Yolanda de la Torre, del Partido Revolucionario Institucional (PRI); Gabriela Rodríguez y Margarita Valdés, del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena); Cecilia Romero, del Partido Acción Nacional (PAN); Claudia Aguilar, del Grupo del Ejecutivo Federal, y Marcela Lagarde, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), se aprobó la incorporación de un inciso d) al numeral 2,  en torno a la capacidad que tiene la población para decidir sobre su persona y su patrimonio, así como para el ejercicio de sus libertades, independencia, privacidad, intimidad y autonomía personal.

Con relación al numeral 3 se acordó la adición de un inciso d), con el que se promoverán condiciones de buen trato, convivencia armónica y cuidado, por parte de los familiares de integrantes de grupos de atención prioritaria y la sociedad. Estas adiciones fueron aprobadas con 70 votos en favor, uno en contra y cero abstenciones.

MATRIMONIO CIVIL PARA TODAS LAS PERSONAS

El dictamen de la Comisión de Carta de Derechos ya incluía el reconocimiento de la igualdad de derechos a las familias formadas por parejas de personas de la comunidad LGBTTTI, con o sin hijas e hijos, que estén bajo la figura del matrimonio, concubinato o alguna otra unión civil.  A propuesta de la diputada del PRD, Lol kin Castañeda, se agregó la palabra civil para que quedara claro el reconocimiento al matrimonio civil de esta comunidad.

En esta discusión destacó el anuncio por parte de los grupos parlamentarios del Ejecutivo Federal y del PAN en el sentido que habían acordado votar en libertad, sin seguir una directriz partidista. La diputada del PRI, Cynthia López, informó a su vez que se adhería a la propuesta. Fue así que la reserva fue aprobada por 65 votos en favor, uno en contra y cero abstenciones.

Por otra parte, a petición de la diputada del PRD, Cecilia Soto, se hizo una corrección para señalar que la ciudad garantizaráel derecho a una vida libre de violencia, y no como señalaba el dictamen en el sentido de que la ciudad garantizaría una vida libre de violencia.

 

También se aprobó la propuesta de la diputada del PRI, Yolanda de la Torre, para incorporar el concepto de asistencia social con perspectiva de derechos humanos y resiliencia, entendiendo ésta como la posibilidad de hacer de la vulnerabilidad una oportunidad para salir adelante y ejercer derechos;  también propuso que se ofrezcan las herramientas de política pública para que las personas en situación de vulnerabilidad puedan superarse. Fue una adición al apartado B, numeral 6.

 

DERECHOS DE LAS MUJERES

En materia de los derechos de este grupo, la diputada del PRI, Lucero Saldaña PRI, a nombre de las diputadas y diputados Olga Sánchez Cordero, del grupo parlamentario Constitucionalista, Yolanda de la Torre y Enrique Jackson, del PRI, Margarita Valdés y Bernardo Bátiz , de Morena, y Hugo Eric Flores, del Partido Encuentro Social (PES), entre otros, presentó una reserva para establecer que la  Constitución reconoce la contribución fundamental de las mujeres en el desarrollo de la ciudad y promueve la igualdad sustantiva y la paridad de género. “Las autoridades adoptarán todas las medidas necesarias, temporales y permanentes, para erradicar la discriminación y desigualdad de género”. Fue aprobada por 66 votos en favor, cero en contra y 1 abstención.

DERECHOS DE LA NIÑEZ Y LOS ADOLESCENTES

Con una reserva presentada por el diputado del PRD, Jesús Valencia, y apoyada por Cecilia Soto (PRD), Olga Sánchez Cordero (Constitucionalista), Carlos Gelista (PAN) y Yolanda de la Torre (PRI), se modificó el apartado D, referido a los derechos de las niñas, niños y adolescentes, para aclarar que los integrantes de este grupo poblacional son titulares de derechos.  

El apartado quedó de la siguiente manera:

“Las niñas, niños y adolescentes son titulares de derechos y gozan de la protección de esta Constitución, por su condición de personas en desarrollo. La actuación de las autoridades atenderá los principios del interés superior de las niñas, niños y adolescentes, de la autonomía progresiva y de su desarrollo integral. Para asegurar una adecuada protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes se creará un sistema integral de protección en los términos que establezcan las leyes”. La votación fue 57 en favor, cero en contra y tres abstenciones.

Sobre este mismo apartado, los diputados del PAN,  Santiago Taboada y Carlos Gelista, Olga Sánchez Cordero (Constitucionalista), Marcela Lagarde y Dolores Padierna, (PRD), Gabriela Rodríguez y Mayela Delgadillo (Morena), propusieron introducir que la convivencia familiar es un derecho tutelado por la Constitución. Se aprobó con 54 votos en favor, siete en contra y tres abstenciones.

DERECHOS DE LOS JÓVENES

También para reconocer a los jóvenes como titulares de derechos, se aceptó una reserva del apartado E, de la diputada del PRD, Tobyanne Ledesma, que fue enriquecida con una de la morenista Patricia Ortiz Couturier, para quedar de la siguiente manera:

Las personas jóvenes son titulares de derechos y tendrán la protección de la ley para participar en la vida pública en la planeación y desarrollo de la ciudad. Las autoridades adoptaran medidas para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos, en particular a la identidad individual y colectiva, al libre desarrollo de su personalidad, a la autonomía, independencia y emancipación; a la participación política, económica, social, ambiental y cultural, y a la educación, al trabajo digno y a la vivienda.

“Se reconocerá el carácter diverso y heterogéneo de las personas jóvenes, así como sus necesidades específicas”.

La aprobación fue unánime con 71 votos.

DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES

Con respecto a los derechos de las personas mayores,  el Pleno dio su aprobación a una propuesta de consenso entre diversos diputados constituyentes a efecto de establecer un sistema integral de atención que prevenga el abuso, abandono, aislamiento, negligencia, maltrato, violencia y cualquier situación que implique tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes o atente contra su seguridad e integridad.

 Firmada por Clara Jusidman (Constitucionalista), Gabriela Rodríguez y Margarita Valdés (Morena), Marcela Lagarde y Cecilia Soto (PRD), Claudia Aguilar (Ejecutivo Federal), Yolanda de la Torre (PRI) y Cecilia Romero (PAN), esta reserva propuso también que las personas adultas mayores tienen los derechos reconocidos en la Constitución, que comprenden, entre otros, a la identidad, a una ciudad accesible y segura, a servicios de salud especializados y cuidados paliativos, así como a una pensión económica no contributiva a partir de la edad que determine la ley. Fue aprobada por 53 votos en favor, uno en contra y 5 abstenciones

DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS

Las diputadas Clara Jusidman (Constitucionalista) y Clara Brugada (Morena), presentaron diversas propuestas para recuperar la calidad de sujetos de derechos, y no grupos vulnerables, de diversos grupos sociales, para lo cual presentaron reservas en materia de derechos de los migrantes, las víctimas y las personas en situación de calle, mismas que no prosperaron. Sugerían incluir que los migrantes tienen derecho a transitar libremente por el territorio de la ciudad, a decidir su residencia, lugar de trabajo y estancia. Sobre las víctimas, proponían incluir que las autoridades adoptarán las medidas necesarias para garantizar sus derechos a la atención integral, a la defensa legal, a la verdad, a la memoria, a la justicia, a la reparación integral del daño, a la adopción de garantías de no repetición y los demás previstos en la materia.

Sobre el mismo apartado de derechos de las víctimas, los morenistas Jesús Ramírez y Mayela Delgadillo presentaron una reserva, y fue aprobada, para introducir el concepto de reparación del daño. El apartado J quedó así:

“Esta Constitución protege y garantiza, en el ámbito de sus competencias, los derechos de las víctimas de violaciones a los derechos humanos o de la comisión de delitos. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para su atención yreparación integral en los términos de la legislación aplicable, dándose prioridad a las víctimas de toda violación de derechos humanos o delitos que ponga en peligro su vida e integridad física y emocional”.

La votación fue de 57 en pro, uno en contra y cero abstenciones.

DERECHOS DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE  CALLE.

En materia de los derechos de este grupo poblacional, el diputado del PRI, Augusto Gómez Villanueva, propuso una reserva de consenso para modificar el apartado K. Al ser aprobada se sustituyó la palabra respetar por garantizar los derechos de las personas que habitan y sobreviven en las calles.

La reserva incluyó agregar un numeral para establecer que las autoridades deberán  adoptar las medidas necesarias para salvaguardar la dignidad y el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes en situación de calle para evitar su participación en actividades que atenten contra su seguridad e integridad.

Fue aprobada con 51 votos en favor, 18 en contra y dos abstenciones.

DERECHOS DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD

El diputado por Morena, Jaime Cárdenas, logró la aprobación de su primera reserva.

Presentó una propuesta para adicionar el apartado L, relacionada con los derechos de las personas privadas de su libertad, para que cuando éstas compurguen su pena, sigan en programas de reinserción social. El nuevo párrafo quedó como sigue:

 “El derecho a la reinserción social no concluye cuando la persona abandona la prisión, compurga una pena o cumple la sanción, sino que su satisfacción requiere que las personas recobren un sentido de vida digno una vez que han cumplido con las sanciones impuestas”.

Fue aprobada por 42 votos en favor, 29 en contra y una abstención. Esta aprobación fue objeto de una ovación.

DERECHOS DE LAS PERSONAS DE IDENTIDAD INDÍGENA QUE NO VIVEN EN PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS

La diputada Clara Jusidman había propuesto una reserva sobre el apartado O relativo a los derechos de este grupo poblacional, para establecer que además de disfrutar de todos los derechos reconocidos en la Constitución, gozarían de la protección de las autoridades frente a todo acto de violencia cometido en su contra por cualquier persona o institución. No fue aceptada.

Sí se aprobó la reserva de la diputada del PRD, Nelly Juárez Audelo, que establece que la Constitución protege los derechos reconocidos a las personas de identidad indígena que no viven en Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades indígenas residentes,  en lugar de origen indígena. De igual manera se propuso adoptar medidas para impedir la discriminación y garantizar el trato igualitario progresivo y culturalmente pertinente. La reserva fue aprobada con 55 votos en favor, 16 en contra y dos abstenciones.

DERECHOS DE LAS MINORÍAS RELIGIOSAS

A propuesta del diputado del PES, Hugo Eric Flores, se aprobó incluir un apartado P para referir los derechos de las minorías religiosas.

Quedó establecido que todas las personas tienen derecho a una vida libre de violencia y discriminación religiosa, así como a expresar sus convicciones en Io privado y en Io público, siempre que no constituyan faltas a la ley.  También se reconoció la igualdad de derechos a todos los ciudadanos, sin importar sus convicciones éticas, de conciencia y de su vida religiosa. Las autoridades implementarán mecanismos que protejan a las minorías religiosas para prevenir cualquier tipo de discriminación, exclusión, maltrato, abuso, violencia o violaciones a sus derechos.

Tuvo una votación de 57 en pro, 9 en contra y 10 abstenciones

 

El artículo 16 fue aprobado en lo general y particular con 73 votos en favor, dos en contra y cero abstenciones.

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