consituyenteLa Carta Magna de la Ciudad de México garantizará el servicio de acceso a la justicia, expresó la coordinadora de los diputados constituyentes del PRD Dolores Padierna al celebrar la creación del Instituto de Defensoría Pública a través del cual, se otorgará asistencia profesional de abogados públicos que prestarán servicios gratuitos de defensa a quienes lo requieran a fin de regular la prestación del servicio de defensoría pública en asuntos del fuero local.

Al pronunciarse a favor del artículo 56 que fue aprobado por la Asamblea Constituyente, la legisladora señaló que la Ciudad de México creará condiciones de igualdad y respeto a la protección y garantía de los derechos a través de un debido proceso legal.

Recordó que varios ciudadanos no cuentan con los recursos económicos para acceder a servicios particulares de defensa por lo que este Instituto de Defensoría les da la posibilidad de ejercer sus derechos ante procedimientos judiciales.

Con ello, dijo, se cumplen en la Ciudad de México recomendaciones internacionales que incluso el Ejecutivo Federal no ha podido cumplir, como el garantizar el acceso a la justicia a todas las personas, particularmente las que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad económica.

Dolores Padierna detalló que este Instituto de la Defensoría Pública estará conformado por abogados que contarán con un salario y condiciones dignas para llevar a cabo sus tareas de defensa.

Este Instituto, subrayó será una defensoría al servicio de toda la población. Con la aprobación de este artículo, la Asamblea Constituyente concluyó la votación del dictamen de la Comisión de Poder Judicial, Procuración de Justicia, Seguridad Ciudadana y Organismos Constitucionales Autónomos.

De acuerdo al dictamen, el Instituto será un organismo constitucional autónomo especializado e imparcial; tiene personalidad jurídica y patrimonio propio. Contará con autonomía técnica y de gestión; plena independencia funcional y financiera; capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y para determinar su organización interna, de conformidad con lo previsto en la ley.