El líder de los diputados del PRI, César Camacho Quiroz, llamó a no dar paso a argumentos distractores o a defensas oficiosas con claro sentido electoral, ni partidizar o politizar el presunto desvío de 100 millones de pesos del gobierno de Nuevo León a la cuenta personal de María Guadalupe Rodríguez Martínez, esposa del dirigente nacional del PT, Alberto Anaya Gutiérrez.

Tras la defensa del dirigente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador a su homólogo del Partido del Trabajo (PT), el legislador advirtió que “este es un asunto de pesos y centavos, de recursos públicos y, sobre los recursos públicos debemos dar cuenta todos quienes los manejamos”.

“En consecuencia, que no pretendan distraer la atención de la comunidad que lo que quiere, y está en su derecho, es que haya rendición de cuentas y transparencia, que son valores inherentes a la democracia, al ejercicio cotidiano de la democracia”.

Por ello, sostuvo que no vale la pena darle paso a argumentos distractores o a defensas oficiosas con claro sentido electoral.

Cuestionado sobre si está involucrado el gobernador de Nuevo León, Camacho Quiroz afirmó que no haría conjeturas; “yo creo que hay que darle paso a una investigación profunda, porque han sido insuficientes los argumentos del dirigente del Partido del Trabajo y se ha mostrado evasivo”.

“Creo que no sólo los nuevoleonenses, sino los mexicanos, merecemos explicaciones, porque es recurso público, son recursos fiscales, son recursos de la comunidad; de modo que hoy imperan las preguntas y escasean las respuestas”.

Interrogado sobre que el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, señala que los diputados tienen un convenio con el PT para que estos recursos no estén transparentados, el legislador priista advirtió que es eso es imposible, no se puede convenir el incumplimiento de la ley.

“La ley se tiene que cumplir más allá de voluntades, por lo tanto hay que evitar las complicidades o las informaciones a medias, que lo que hacen es evadir el cumplimiento cabal de la ley”, agregó.

Más aún, advirtió que “nadie, ni el Partido del Trabajo, ni Andrés Manuel están exentos del cumplimiento de obligaciones jurídicas y éticas, de transparentar y rendir cuentas”.

Afirmó que las reglas están dadas, lo que importa es que se cumplan, cada vez más, la fiscalización se agudiza, porque no sólo tiene que ver con la correcta aplicación de los recursos, sino la pertinencia en la aplicación de éstos. Es decir, no sólo la honrada administración de los recursos, no sólo evitar que se desvíen, sino que se apliquen en aquello para lo que fueron destinados.

“De modo que hay una especie de fiscalización del desempeño y de la calidad de la acción pública, que no es sólo la acción gubernamental, que es la acción de los particulares, de las organizaciones de la sociedad civil, de todos aquellos que reciben recursos públicos, tienen obligación de transparentar el destino de los mismos”, puntualizó el priista.