Luis Serieys Zárate

Ciudad de México

22/10/2018

 

Mientras diputados de varios partidos representados en el Congreso de la Ciudad de México coincidieron en demandar el fiun a la corrupción y la impunidad en la Ciudad de México,m el contralor, Educardo Rovelo Pico anunció que ya hay en la mira 6 posibles culpables en el derrumbe del colegio Rebsamen.

Diputados de Morena en el Congreso capitalino exigieron al Contralor General de la Ciudad de México, Eduardo Rovelo Pico, terminar con la impunidad de funcionarios públicos que abusan de su cargo para obtener beneficios en perjuicio de la ciudadanía, y ampliar la información sobre las acciones legales ejercidas por actos de corrupción y opacidad en la actual administración.

Durante la comparecencia del Contralor General ante la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción, el diputado Carlos Castillo Pérez, Presidente de ésta, recordó que la corrupción tiene muchas y diversas manifestaciones que van desde quien da una “mordida” para agilizar un trámite o una multa, comprar bienes, servicios, o hasta la coacción del voto en campañas electorales.

“Estos hechos se agravan si las personas responsables no son sancionadas y genera una espiral de reproducción de los mismos para nunca acabar, de ahí la relación indisoluble entre corrupción e impunidad, recalcó en el Salón “Heberto Castillo” del Recinto de Donceles y Allende.

Mencionó que la Contraloría General de la ciudad recibió 18 mil 598 quejas y denuncias en el último año, de las cuales 2 mil 141 terminaron en sanción a las personas implicadas, es decir, tan sólo el 11 por ciento del total.

Informó que en próximos días comenzará la discusión del diseño y creación del Sistema Anticorrupción local, en el cual se dotará de un Fiscal con el objetivo principal acabar con la corrupción.

Detalló que el objetivo de este Sistema será aplicar sanciones ejemplares “a quien no tenga claro que el servicio público es para llevar a cabo la noble tarea de servir a las y los demás, no para generar riqueza individual, familiar o de grupo”.

Al tomar la palabra, la diputada Lilia Rossbach Suárez subrayó que en Morena se tiene la certeza que la corrupción y opacidad son la médula del malestar que aquejó a las administraciones pasadas, por lo que es un deber terminar con la impunidad que prevalece en la vida política de la ciudad.

 

Otro punto que destacó, fue el del bum inmobiliario en la capital del país, ya que no existen denuncias en contra de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI) y del Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) por estar involucrados o permitir construcciones irregulares.

Por último, la diputada Ana Cristina Hernández Trejo solicitó información clara sobre el papel de la Contraloría General de la Ciudad de México en la atención de los damnificados por el sismo de septiembre de 2017, en la que cientos de personas perdieron sus casas.

“Resulta inconcebible que la Contraloría se haya desentendido de la atención a la ciudadanía en esta etapa de la emergencia”, enfatizó.

 

PAN, pide a funcionarios cumplir con declaración patrimonial

 

La declaración patrimonial y de intereses es una obligación para los servidores públicos y abona a la transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de gobierno, consideró el diputado Pablo Montes de Oca del Olmo, durante la comparecencia de Rovelo Pico, ante diputados de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción.

Como integrante de esta Comisión, instó al funcionario para estar pendiente del cumplimiento de esta obligación antes de concluir la administración local.

“Solicitamos que nos brinde información clara y precisa en cuanto al padrón de servidores públicos que han cumplido con esta obligación; así como nos indique cuáles son los filtros y las herramientas tecnológicas que aplica esa Secretaría para detectar inconsistencias en las mismas y, en su caso, subsanarlas”.

Agregó que así lo establece la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, promovida por Acción Nacional durante la Séptima Legislatura de la extinta Asamblea legislativa del DF.

Por lo anterior, aseguró, “no pasa desapercibido por este Congreso la obligación de los servidores públicos a presentar y mantener actualizadas sus declaraciones patrimonial y de conflicto de intereses, como un aspecto fundamental en materia de transparencia y rendición de cuentas”.

Expresó que este tema se vuelve más delicado debido a la utilización de recursos y manejo, “que deben ante todo, cumplir conforme a la normatividad vigente y ser acorde a lo establecido para el buen desempeño del servicio público”.

 

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