Ethel Riquelme.

Desde todos los frentes, redes sociales, conferencias matutinas, informes de la Secretaría de Hacienda y documentos filtrados a los medios de comunicación sobre privilegios y desvíos multimillonarios, el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha declarado la guerra a las Organizaciones de la Sociedad Civil, porque son un “gobierno paralelo” que “se roban todo”.

Que esa sociedad civil que lo condujo a la Presidencia sea ahora señalada de corrupta, sorprende. ¿O no?

Es una actitud reactiva del presidente -dicen algunas de las organizaciones- ”por habernos opuesto al plan de seguridad militarizado, a la estructura de la Fiscalía General de la República, a los cambios a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en materia de medios públicos y a las consultas ciudadanas” promovidas desde que era Presidente electo.

Sin embargo, para muchas otras lo que en realidad hay detrás de esas descalificaciones, e incluso la aseveración de López Obrador a desconocer organizaciones sociales y civiles de la izquierda mexicana que lo apoyaron en campaña, algunas relevantes dirigidas por sus colaboradores, es un amplio plan electoral con fines clientelares.

Por esas acusaciones, recortes a los programas sociales, desprecio a los convenios internacionales firmados, eliminación de los avances en derechos y garantías sociales alcanzados por estos grupos vulnerables, pero sobre todo por “mentir” a la población sobre la “limpia” que presuntamente realiza el gobierno, las Organizaciones se preparan para responder con todo.

Ayer, igual que lo hicieron hace una semana las madres y trabajadoras de estancias infantiles, fueron personas con discapacidad y representantes de organizaciones con esa causa los que reventaron contra AMLO en el Senado de la República, donde en la actual legislatura ya no se creó una comisión especializada en temas de discapacidad.

Tampoco la Comisión Nacional para el Desarrollo e Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis) cuenta con titular desde hace 88 días de este gobierno, no hay planes ni programas y todo indica que podría desaparecer sin contar con una política de inclusión para este sector.

Los discapacitados suman 14 millones de personas en el país que, en muchos casos, además de su limitación física, son discriminados por su género, condición social, posibilidades laborales, entre otras, y el 54.1 por ciento de ellos se encuentran en condición de pobreza, según el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política del Desarrollo Social (Coneval), por arriba del promedio nacional del 42 por ciento.

Sin embargo, este año el presupuesto para el programa para la inclusión y equidad educativa pasó de 193 a 164 millones con respecto a 2018; el de Asistencia a Personas con discapacidad bajó de 43 millones a 25, y el desarrollo integral a personas con discapacidad se redujo de 67 a 53 millones de pesos.

Estas reducciones, y las que afectan a los fondos de coinversión para las organizaciones, bajo el argumento de que los organismos y programas se vuelven intermediarios y generan un alto costo en burocracia, tienen la clave: entregarlos directo a los beneficiarios y regresar al modelo clientelar que probó en la Ciudad de México.

Así, la lucha de las organizaciones sociales contra los recortes y por los derechos de los más vulnerables se hace compleja en tanto que buena parte de los agremiados celebran recibir dinero en forma directa, sin considerar la intervención obligatoria del Estado a garantizar mejores condiciones y cumplir con convenios internacionales.