El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (GPPRD) propuso a las comisiones de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, a solicitar una reunión lo más pronto posible con el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero a fin de conocer el número y estado que guardan los expedientes que le han sido remitidos desde la Auditoría Superior de la Federación, si –como dicen- hay un auténtico interés en combatir la corrupción y la malversación de los recursos públicos.

Antonio Ortega Martínez, secretario de la Comisión de Presupuesto e integrante del Comité de Ética en la actual Legislatura, sostuvo que la corrupción no se va a resolver con discursos ni con la “llegada de la Cuarta Transformación”; sino rompiendo de tajo esas prácticas.

“No metamos a la Auditoría de la Cámara y al gobierno, en una especie de persecución, de linchamiento de las anteriores administraciones; pero basta con que –por ejemplo, en un estado- se meta a la cárcel a un presidente municipal, para que se ponga un freno. Basta que se meta a un funcionario estatal de mediano o alto peso para que se ponga freno”.

“Si dejamos pasar la Estafa Maestra, la Cruzada contra el Hambre (¡la Auditoría habla de 6 mil 500 millones de pesos!) …  si varios funcionarios responsables de esto no terminan en la cárcel seremos cómplices de la impunidad”, advirtió.

“Si no metemos a la cárcel a un rector o a un director de una universidad, va a seguir pasando lo mismo… Debemos romper la recurrencia y esto no es con discursos morales ni con llamados a que ‘ya llegó la cuarta transformación y aquí todos somos honrados’, eso no es cierto. Hay que frenar y esto se hace de tajo”, sostuvo.

Al participar en la instalación de la mesa de trabajo de las comisiones de Vigilancia de la para dar seguimiento a las observaciones relativas a las áreas clave identificadas en la fiscalización de la cuenta pública 2016, el diputado cuestionó: “Si preguntáramos a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) cuántas carpetas con simples desvíos de recursos ha entregado a la Fiscalía (antes PGR) en su etapa más o menos actual, cuántos procesos de investigación, consignación, alegatos, recursos ha afianzado”.

Si pudiéramos saber -a partir del trabajo de la Auditoría- cuántos funcionarios están en la cárcel, estoy seguro de que los números serían dramáticos (y esto tiene que ver más con la impunidad), a diferencia de lo que ocurre en países como Estados Unidos.

En la Unión Americana, explicó Ortega, cuando la Comisión respectiva del Congreso cita a un funcionario, prácticamente éste entra en shock. El peso de ella es de tal importancia que, cuando lo cita, tiene todos los elementos y, prácticamente, él se da por enterado de que ya se inició un procedimiento en su contra.

Hace unos días, agregó, hicimos un serio debate de la Comisión de Presupuesto de cómo elevar su importancia… es de las decisiones políticas que hay que perseguir, consolidar y dar suficientes resultados, a nosotros y a la población, subrayó

“No quiero demeritar a la Auditoría; pero ¡háganse cargo de cuál es la realidad! No hay por qué temerle porque ¿a cuántos tiene en la cárcel? Funcionarios de bajo nivel, de medio; pero ¿cuántos funcionarios de alto nivel tiene en la cárcel? Ahí sí, son los famosos “peces gordos” ¡no conocemos a nadie! ¿Para qué temerle a la Auditoría? Y menos a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados”.

“¿Cuál es el problema que la ASF siempre ha tenido con la PGR?, cuestionó y repuso: La continuidad en el gobierno del mismo partido, del mismo grupo gobernante, de los mismos funcionarios. Hoy, destacó, tienen ustedes un bono, hay alternancia, y el presidente López Obrador ha establecido como su primera prioridad el tema de la corrupción.

Qué bueno que la Auditoría haya tomado la decisión de instalar un área estratégica para dar seguimiento al rezago. Estamos totalmente de acuerdo en la propuesta para localizar cinco oportunidades de carácter legislativo que nos corresponde: Contrataciones al amparo del artículo 1° de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; Obra Pública y la incorrecta integración de los proyectos ejecutivos; Gobernanza en la toma de decisiones de las empresas productivas del Estado; Finanzas estatales y manejo de fondos federales; y Padrón de los programas gubernamentales que otorgan subsidios.

Apoyamos que se pueda iniciar un estudio y la elaboración de una propuesta para avanzar lo más pronto posible; pero también hay que frenar las irregularidades.

“Insisto: Si duerme el sueño de los justos esta propuesta de la Auditoría, no tendríamos perdón de nadie y, por lo tanto, la presidencia tiene que elaborar un calendario que fije metas, tiempos, objetivos, responsabilidades y áreas; quién se encarga de determinados rubros para que pueda salir lo más pronto posible; hacer el trabajo político con otras comisiones y gestionar un encuentro con el Fiscal General de la República para que nos diga cuántos expedientes tiene bajo su responsabilidad”.

“No vamos a decirle que llene las cárceles y juzgados; pero sí hay que dar muestra de que se está actuando en terminar con la cultura del “no pasa nada” porque, efectivamente, existe un patrón de conductas ¡Los funcionarios saben por dónde darle la vuelta! ¿Por qué creen que la Estafa Maestra se la encargaron a “alguien” para juntar dinero? (supongo que para la campaña), y los funcionarios más experimentados debieron haber sugerido “hay que hacer esto” y al final se ocultan fraudes de 6 mil 500 millones de pesos.

No sé, recalcó finalmente el diputado, si la Auditoría nos pudiera decir si son 200, 300, 600, mil los asuntos que ha entregado, sobre todo últimamente; pero tenemos que hacer ver al Fiscal la urgencia de que los resultados apremian y que tienen que darse lo más inmediato posible.