Francisco Garfias

La opacidad en las cuentas públicas del gobierno federal se mantiene como zona de turbulencia. Nada que ver con el manejo transparente de las finanzas públicas que se plantea en el Plan Nacional de Desarrollo.

El panista Gustavo Madero, presidente de la Comisión de Hacienda en el Senado, nos dijo ayer que el gobierno federal va a repartir 630 millones de pesos en gasto social, pero sólo 230 millones con reglas de operación.

Ya en julio pasado, la organización Mexicanos contra la Corrupción hizo notar que el 74 por ciento de los contratos que ha otorgado este gobierno es por adjudicación directa.

Y no, no es un complot de Claudio X. González, el mero mero de MCCI. Son datos de Compranet, que recogió el portal Aristegui Noticias el pasado 8 de julio.

“El asunto está muy jodido. Es despilfarro y opacidad. Esto va a reventar por algún lado”, nos dijo Madero, con la elocuencia que lo caracteriza.

El panista no duda en calificar de alarmante la forma como al gobierno federal se le reduce el espacio fiscal. Lo que se recauda de IVA se va para pago de pensiones; se cayó el gasto en inversión e infraestructura.

“Lo que queda se va a transferencias directas, sin transparencia, sin mediciones. Es el mayor despilfarro. Opacidad plena”, remata. La prohibición de adjudicaciones directas es una de las acciones que el PND plantea para combatir la corrupción.

Sugiere monitorear en tiempo real el dinero para adquisiciones y realizar verificaciones obligatorias de los precios antes de cualquier adquisición.

* La ratificación de T-MEC este año es “poco probable”, a pesar de los recientes esfuerzos entre los gobiernos de México y Estados Unidos, dice el último reporte del Grupo Eurasia.

El documento destaca que los demócratas quieren reabrir el acuerdo para incluir mecanismos de aplicación más estrictos a los estándares laborales y ambientales.

Y aunque Jesús Seade, subsecretario para América del Norte, ha intentado convencer que la Reforma Laboral aprobada en México al inicio del año atiende esas preocupaciones, las probabilidades de que en otoño se ratifique son pocas.

“Son bajos incentivos para que los demócratas colaboren con Trump en una de sus principales promesas de campaña de 2016”, dice.

Y agrega: “La ventana para la aprobación este año es pequeña con otros temas en la agenda legislativa de la Unión Americana, como el presupuesto, que acapara la discusión”.

* “Soy ‘andresmanuelista’ y no morenista”, nos dice Manuel Velasco, coordinador de los senadores del PVEM. Aclara, sin embargo, que en la Cámara alta habrá temas en los que coincida con el movimiento que fundó el tabasqueño, pero en otros no.

“Ni con la señora se coincide en todo”, puntualiza.

El Güero reconoce también el alto costo que para él tuvo la licencia que pidió al inicio de la Legislatura a fin de volver al gobierno de Chiapas a terminar su periodo.

Le preguntamos si, como en su tiempo se dijo, el presidente López Obrador le pidió ese movimiento para que lo ayudara en la Conago a empujar el Tren Maya.

Manuel dejó correr unos segundos antes de asegurar: “No, fue mi decisión”.

El doctor José Manuel Mireles puede estar tranquilo. No va a ser cesado de su cargo como subdelegado del ISSSTE, en Michoacán, por sus comentarios misóginos.

No le hace que haya llamado “pirujas” a las concubinas de los derechohabientes y “nalguita” a la pareja de algún cercano. El Presidente ya lo disculpó. “Soy partidario de la readaptación, del perdón. No creo que los seres humanos no cometamos errores”, dijo ayer en la mañanera.

Hizo oídos sordos al llamado para que lo manden “al carajo” del senador de Morena, Germán Martínez. Ni siquiera se esperó a que la Función Pública terminara de investigarlo por violación a los códigos de ética. Hasta el ISSSTE condenó sus expresiones.

Mireles se disculpó dos veces, pero la indignación no cede y las exigencias de remoción se multiplican. Pero eso no importa en Palacio Nacional, donde el doctor ya fue eximido.