Primera Parte

Pablo Gaytán Santiago – culturasmetropolitanas.org 

Sergio González – [ 06600 ]Plataforma Vecinal y Observatorio de la Colonia Juárez

Negociar con tiburones

La fotografía del pasado 21 de agosto documenta el instante renovador de la asociación clase política-desarrolladoras inmobiliarias. Sonriente, departe Claudia Sheinbaum, Jefa de gobierno de la Ciudad de México, flanqueada, sin importar el orden jerárquico, por Enrique Téllez, presidente de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios; Lydia Álvarez, presidenta de la Cámara Nacional de Desarrolladores de Vivienda-Valle de México; José Shabot, CEO de la inmobiliaria Quiero Casa; Eduardo Clark García, Director general del Centro de Desarrollo Tecnológico de la Agencia Digital de Innovación Pública; Ileana Villalobos, Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda, y el arquitecto Pablo Benlliure, Director General de Planeación de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de SEDUVI, quien es placeado por la Jefa de Gobierno con el fin de convertirlo en el primer director del Instituto de Planeación y Prospectiva de la Ciudad de México.

La imagen comunica oficialmente la presentación del Programa Especial de Regeneración Urbana y Vivienda Incluyente (PERUVI), que aunque afirma trabajar con los ciudadanos, los mantiene ausentes de tan simbólica ceremonia, que marca la ruta del provenir para la  ciudad.

Repetimos: en la fotografía, la representación de la sociedad civil y vecinal es la gran ausente. La límpida imagen que observamos en medios abiertos y redes sociales es signo de los tiempos de la reconstitución y reemergencia del #EstadoInmobiliario, pero para la ciudadanía organizada se trata una ceremonia ominosa, debido a los agravios sufridos por vecinos y ciudadanos en los últimos meses, a los niveles de corrupción y a la flagrante y cómplice violación de normas y leyes.

Recordemos la reforma al artículo 60 de la Ley de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México, que se motivó y fundamentó en tratados internacionales impulsados por México y terminó por perder su fuerza y esencia, anulando así la defensa de arrendatarios y poseedores en la urbe; la relampagueante aprobación de la Ley de Participación Ciudadana por parte del Congreso de la Ciudad, en donde la participación de los ciudadanos quedó subordinada a los mecanismos invisibles del corporativismo del partido dominante, así como a la centralización de las consultas en la jefatura de gobierno; la tolerada continuación de obras que a todas luces violan los reglamentos y leyes de desarrollo urbano y de usos del suelo; así como los continuos desalojos, despojos y desplazamientos de habitantes con arraigo vecinal, de los cuales han sido objeto cientos de familias, jóvenes y personas de la tercera edad. Acciones que una y otra vez demuestran de qué lado están las nuevas instancias y representantes de la #4t.

Concertación política en la que confluyen los intereses del gobierno y las inmobiliarias, complementadas por las estrategias de acoso a los arrendatarios indeseables; la invención de fake news con el fin de desprestigiar a los activistas que denuncian la corrupción y los abusos de las inmobiliarias; las amenazas veladas y directas a través de redes y correos electrónicos a vecinos en resistencia, y hasta el asesinato de una activista, el cual no ha sido aclarado aún. Una política tramada en los intereses inmobiliarios y estatales en momentos en que se discuten la Ley de Planeación y la creación del Instituto de Planeación y Prospectiva Urbana, así como la puesta en marcha de una Ley de Participación Ciudadana que neutraliza los derechos ciudadanos, la cual, junto con los mecanismos de publicitación vecinal, serán ventajosamente instrumentos oficiales para legalizar las obras que está iniciando el gobierno inmobiliario sin un marco legal establecido y violando, de nuevo, usos de suelo y programas.

Regeneración del Estado Inmobiliario

Desde hace meses avanza la trama del proyecto regenerador urbano del gobierno actual de la Ciudad, en asociación con las desarrolladoras y constructoras, de acuerdo al cronograma que han presentado este 21 de agosto[1]. Para no ir muy lejos, el gobierno científico de Claudia Sheinbaum inauguró hace semanas las obras de remodelación del Canal Nacional, con sus obvias acciones de desalojo de deportistas, personas de la tercera edad y habitantes de la zona. Asimismo, la autoridad del Centro Histórico, a inicios de año, encargó a CONARTE A.C. y a la NANA, Laboratorio Urbano de Arte Comprometido, un diagnóstico barrial con el fin de “involucrar a la comunidad en los procesos de revitalización, mejoramiento y puesta en valor del barrio de Santa María la Redonda, ubicado en la colonia Guerrero, en la zona poniente del Centro Histórico de la Ciudad de México”. En el diagnóstico no se observa para nada el involucramiento de la comunidad, sino más bien la ubicación de predios abandonados y potencialidades de interés para las inmobiliarias que pretendan invertir en la “producción de vivienda social”.

Estas acciones exhiben la política urbana del ilusionista: de un lado, la Jefa de Gobierno hace malabares lingüísticos, mostrando habilidosamente al público urbano que puede participar en consultas electrónicas para definir las leyes mandatadas en la Constitución de la Ciudad, y del otro, antes de que sea conocida y aprobada la Ley de Ordenamiento Territorial, con la mano derecha, fuera del campo visual del mismo público, negocia e inicia obras en asociación con la ADI[3] y CANADEVI. Mientras, de manera clandestina, Pablo Benlliure –al mismo tiempo funcionario e inmobiliario- planea la política de producción social de vivienda, disfraz de la nueva política de apoyo a la Hidra Inmobiliaria, sin considerar una política urgente de retorno de los vecinos desplazados a sus barrios.

Los 11 corredores de la regeneración urbana expresan la contradicción entre la retórica “democrática” del gobierno y la edificación del proyecto de los funcionarios gubernamentales, quienes lo pretenden imponer a millones de urbanitas. Estas obras públicas e intervenciones urbanas hacen saltar a la vista una serie de contradicciones: la primera de ellas la observamos en la política estatal del desarrollo urbano, la cual traiciona los principios marcados en el Título Cuatro sobre la Ciudadanía y el Ejercicio Democrático de la Constitución Política de la Ciudad de México. Los vecinos-ciudadanos estamos frente a un gobierno antidemocráticamente innovador.

Observamos una segunda contradicción en el hecho de que los 11 corredores están ubicados sobre el territorio de la centralidad metropolitana, diseñada desde el siglo pasado. Véase en el mapa de la ciudad que dichos corredores de la regeneración urbana, de por sí un término ya en desuso, se ubican:

Al norte; en donde el plan implica modernizar Avenida Reforma hacia la Basílica de Guadalupe, recuperando con ello el corredor turístico guadalupano, viejo sueño de la santa alianza Iglesia-AMLO. Este proyecto afectará los barrios de Santa María la Redonda, Guerrero, Tepito y Nonoalco-Tlatelolco, entre otros;

Hacia el norponiente, en la trama de avenida Tacuba, Santa María la Ribera, Atlampa y Vallejo, tanto en las zonas de reserva barriales como industriales; el proyecto de recuperación beneficiará a los proyectos de entretenimiento de la familia Salinas Pliego -léase el Centro de Espectáculos Arena Ciudad de México-, y el parque ecológico ubicado en donde estuvo la Refinería 18 de marzo, en Azcapotzalco;

Hacía al sur, el proyecto regenerativo inmobiliario se filtrará en los barrios de la Colonia Obrera, la Doctores, Portales y Álamos, entre otras.

El desarrollo regenerativo de la ciudad potencia y redensifica la centralidad metropolitana. Por ejemplo, el hecho de anunciar pomposamente que se condiciona a las inmobiliarias a edificar un 30% de viviendas de inclusión social, significa que las primeras beneficiarias de la regeneración son las inmobiliarias y las constructoras, ya que éstas absorberán el subsidio a vivienda de interés social en lugares con un alto valor del suelo, sea porque construirán proyectos en colonias de alta plusvalía, sea porque serán beneficiarias de una extrema valorización en las zonas a regenerar, por ejemplo en las colonias de la zona de Vallejo y Azcapotzalco.

¿Qué sucederá en esas zonas?

Se beneficiará a compradores de los sectores altos y medios. Aunque dentro de lo que llamamos la #RetóricaDelVacío su supuesta intención es beneficiar a jefes de familia con ingresos menores a diez mil pesos comprobables, en la práctica no será así, ya que la inmensa mayoría de trabajadores que viven en la periferia tienen empleos precarios y no son sujetos de crédito. Los trabajadores de la periferia que llegan a centros de trabajo como la colonia Juárez, por ejemplo, pertenecen en su mayoría a esta categoría. Tal vez quienes tienen medios o altos ingresos obtengan créditos para jugar a la micro especulación mediante la adquisición de una propiedad a crédito, la cual rentarán seguramente vía AirBnB. La infraestructura será utilizada por los nuevos propietarios y por las empresas asociadas a las propias inmobiliarias.

Una construcción social sobre la vivienda que está esparciendo la industria inmobiliaria ha dado como resultado el que entre los jóvenes ya no sea importante ser propietario. La nueva cultura urbana de la centralidad metropolitana es la movilidad, una especie de nomadismo neourbano. Hoy los jóvenes pueden trabajar en casa o cambiar constantemente de vivienda, lo cual da lugar a fenómenos de renta a través de aplicaciones, bajo la consigna de un supuesto y falso estilo de vida barrial, pero sin la molesta presencia de los habitantes originarios del barrio.

Los corredores se adecuan a esta nueva utopía inmobiliaria: barrios en renta, móviles, dirigidos a un nuevo perfil de habitante de medios y altos ingresos, que cohabitara, en una escenografía barrial simulada, con estos otros lunares habitacionales, los del 30%, que regirán sus días bajo el control de las organizaciones de vivienda corporativas del partido hegemónico en turno en la ciudad de México; estos otros tan diferente a los otros. Lo que tendremos será barrios mixtos, caros, con un alto valor del suelo, propiedad a largo plazo de las inmobiliarias. En este sentido, emerge una pertinente pregunta:

 ¿Cómo se van a gestionar el cohabitar y la convivencia?