Luis Serieys Zárate

12/03/2020

Ciudad de México

El dictamen aprobado desde el pasado 3 de diciembre de 2019 de forma unánime por los Senadores que integran las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos Segunda, que presenta los aspectos esenciales para regular la subcontratación laboral, el mal llamado outsourcing, se consideran de gran importancia para una correcta legislación que salvaguarde los derechos de las y los trabajadores de México.

La vieja guardia del sindicalismo, conformada por CTM, CROC, CROM, Telefonistas y UNT que participan en los parlamentos abiertos, junto con las  autoridades del Poder Ejecutivo, académicos y profesionistas e inclusive grupos empresariales, “logramos un consenso sobre la necesidad de establecer los mecanismos legislativos que den herramientas suficientes a las diversas autoridades para erradicar el llamado outsourcing ilegal, fortaleciendo en contrapartida la subcontratación legal”.

Así, la propuesta de Dictamen aprobado de forma unánime por las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos Segunda, tiene como uno de sus principales méritos el diferenciar con claridad cuándo existe subcontratación correcta (incluso con un registro nacional y definiciones legales precisas) y cuándo se está ante una subcontratación ilegal.

El que la ley prevea las características que debe reunir una subcontratación correcta, y por ende legal, es un avance legislativo enorme, ya que de esa forma se eliminan las ambigüedades que el outsourcing ilegal aprovecha para continuar operando. Se fortalece la subcontratación que México debe apoyar y, de ese modo, se impide que las y los trabajadores sean víctimas de una competencia desleal, con condiciones laborales perjudiciales que se han gestado a partir de la propagación del outsourcing ilegal.

Por eso apoyamos el dictamen de las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos Segunda que define con toda claridad en la reforma al artículo 15-A de la Ley Federal del Trabajo, la figura de subcontratación legal y se establece, con igual claridad, cuándo se está ante el ilegal, ya que no deja a interpretaciones la determinación de la subcontratación permitida por la ley.

Las notas distintivas de la subcontratación correcta y por ende legalmente reconocida, son: A) Cuando una empresa contratante recibe trabajadores de la contratista para realizar actividades laborales en las que los trabajadores que el contratista provee exijan de una especialización que resulte ajena o accesoria a la actividad inherente o vocación preponderante o principal de aquella que realice el contratante o beneficiario, de conformidad con el giro de su negocio, industria, sector productivo o de prestación de servicios al que pertenezca, y B) Cuando se subcontrate personal eventual o especializado por un tiempo determinado para un proyecto específico.

Esta simple redacción impide que se perpetúen las prácticas viciadas del outsourcing ilegal, como por ejemplo, si una empresa traslada, como se volvió común, a todo su personal a una empresa de outsourcing ilegal, en aras de eludir las garantías en materia de seguridad  social en contravención a la ley. Se marcan con claridad los límites que permiten identificar la subcontratación ilegal de personal de aquella legal para, a la vez, conseguir el aumento de la recaudación fiscal que el outsourcing ilegal ha dañado severamente. Sobre todo, con esta redacción se salvaguardan los derechos de los trabajadores (antigüedad, prestaciones sociales, reparto de utilidades (PTU), seguridad en el empleo y libre sindicación), y se desincentivan prácticas viciadas que se traducen en la utilización de empresas fachada, defraudación fiscal y hasta lavado de dinero.

Las modificaciones que se pretenden introducir al dictamen de la comisión que preside el Senador Gómez Urrutia, permiten que siga el fenómeno de outsourcing ilegal. De hecho, tales modificaciones coinciden o corresponden con las que GRUPO GIN, el mayor subcontratista de México, circuló y ha cabildeado, a pesar de que es el símbolo del outsourcing ilegal, de acuerdo con la propia Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y diversos medios de comunicación del país.

De introducirse esos cambios al proyecto aprobado por las Comisiones Unidas del Senado, no sólo se permitiría que siga funcionando el outsourcing ilegal que tanto daño ha causado al país, sino más grave aún, lo legalizaría, en detrimento de los derechos más elementales de los trabajadores y del erario público.

Si comparamos el proyecto de reformas que GRUPO GIN ideó y ha cabildeado, con el que ahora se presenta como resultado de acuerdos en las reuniones de las mesas de alto nivel, es fácil concluir que presentan una alarmante coincidencia.

La propuesta del Senador Gómez Urrutia, aprobada en comisiones, fortalece las actividades de la SHCP (concretamente de la UIF y Procuraduría Fiscal), en su actividad recaudatoria que tanto requiere el país y les otorga herramientas para combatir eficazmente el nocivo fenómeno del outsourcing ilegal. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el IMSS y el Infonavit también se ven fortalecidos, al igual que la subcontratación correcta y legal. Sería francamente desastroso que se erradiquen los aspectos medulares que permiten diferenciar el outsourcing ilegal del legal, a pesar del consenso generalizado de erradicar el primero.

Sabemos que los integrantes de las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos Segunda del Senado de la República, NO pactaron o acordaron con grupos empresariales, grupos de outsourcing, el que se modificara su dictamen aprobado, contrariamente aceptaron escuchar y recibir propuestas que lo pudieran enriquecer, pero jamás sustituirlo al grado de privilegiar el el outsourcing nocivo, en detrimento de la subcontratación legal. No podemos permitir que lleguen al extremo de legalizar una actividad delictiva en detrimento de los derechos de los trabajadores, del IMSS y de la hacienda pública, tal y como expusieron los titulares de la UIF, la Procuraduría Fiscal de la Federación, el IMSS y el INFONAVIT, en los disitintos foros.

Por todo lo anterior, los abajo firmantes, exhortamos a las señoras senadores y señores senadores a que no se obstaculice a los integrantes de las  Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos Segunda del Senado de la República, para realicen su importante función de presentar en los términos que consideren y con base en la amplísima discusión que ya se ha realizado, el Dictamen sobre subcontratación, y sea el Pleno de esa Cámara el que decida sobre el mismo . Sería un grave error  histórico avalar cualquier cambio, por mínimo que sea, que pudiera aprovacharse para dejar una puerta abierta que permita el outsourcing ilegal, el cual como ha quedado demostrado daña al país y a las y los trabajadores.

serieys@hotmail.com