Cada día hay evidencias más sólidas de que el ataque y la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa en 2014 “no fue como la relataron” autoridades del gobierno anterior en la llamada “verdad histórica”, dijo el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas.

En una entrevista para el Sistema Público de Radiodifusión (SPR), Encinas dijo que “se ha venido desmoronando toda esta hipótesis de la mal llamada verdad histórica”.

Indicó que parte del trabajo realizado en este gobierno, incluso desde la transición, en el segundo semestre de 2018, fue la de considerar “otras diligencias no valoradas en su justa dimensión”.

Puso como ejemplo las investigaciones que realizó en los primeros días tras los hechos de Iguala la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, que prácticamente no fueron tomadas en cuenta.

Explicó que esa reacción se debió quizás a que hubo diferendos entre la autoridad estatal y la federal, pero “en mucho tiene que obedecer a la consigna que se dio por tratar de dar el carpetazo, crear una verdad histórica y pretender que con ello se iba a cerrar el caso de manera definitiva”.

Encinas destacó la concreción de instancias operativas para el caso, adoptadas por este gobierno, como la comisión presidencial, en la cual participan familiares de los 43  e instancias internacionales ya reconocidas como coadyuvantes, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos y el Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI).

Frenar la corrupción

También indicó en la misma línea un acuerdo entre la Presidencia de la República, la Fiscalía General de la República (FGR) y el Consejo de la Judicatura Federal, para crear un “grupo de judicialización”.

Este mecanismo permitirá conducir todos los procesos judiciales que se deriven de la nueva ronda de pesquisas, para darle “mayor solvencia” al esclarecimiento del caso.

El subsecretario estimó que de esa manera podrán evitarse casos como el de Ángel Casarrubias El Mochomo, detenido pero liberado pocas horas después, tras un hecho de corrupción en el que incurrió personal del juzgado respectivo y que ya está bajo investigación. 

Citó también el caso del juez de Tamaulipas Samuel Ventura Ramos, quien rechazó otorgar 46  órdenes de aprehensión en el caso, a solicitud de la FGR. 

El fiscal general, Alejandro Gertz, había solicitado esas órdenes y así lo anunció a la prensa, pero dos horas más tarde el juez Ventura se declaró incompetente para conocer del asunto, recordó Encinas.

Dijo que el mismo juez ha dictado 14 sentencias contrarias al avance del esclarecimiento del caso Ayotzinapa y fue quien liberó a más de medio centenar de involucrados en esos hechos.

“Esas son las verdaderas resistencias, esos son los obstáculos” para esclarecer el caso, dijo Encinas.

Fuente: La Jornada