El sector privado expresó su posición de cautela ante la decisión del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre dar el control de las aduanas y puertos a las fuerzas armadas, pues advirtió que dicha acción puede obstaculizar el flujo de operaciones comerciales.

El Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (Comce) consideró que la medida de colocar a miembros del Ejército y la Marina es plausible en forma inmediata, pues la finalidad es abatir la corrupción que existe en esas áreas, donde se comenten delitos como el lavado de dinero, narcotráfico y contrabando de mercancías.

Sin embargo, dijo, que la acción debe ser temporal, pues las fuerzas armadas tienen la responsabilidad de vigilar y dar seguridad a las operaciones cotidianas en las aduanas y puertos en nuestro país.

Destacó que no existe certeza plena de que las fuerzas armadas cuenten con la experiencia y el grado de conocimiento especializado, para atender las distintas transacciones que se realizan en dichos puntos por donde entran mercancías e insumos diariamente.

“La decisión anunciada por el gobierno federal, indudablemente genera intranquilidad, debido a que podría obstaculizar el flujo de operaciones de comercio exterior”, apuntó.

Con esta decisión, acotó, la actual administración asume una posición de riesgo, “porque una mala intervención del Ejército y la Marina en la administración de las aduanas y puertos, incrementará sensiblemente la desconfianza hacia el país como destino de inversiones, provocando inevitablemente, la pérdida de competitividad de las empresas mexicanas, el cierre de negocios, y la consecuente pérdida de empleos”.

Comentó que la grave crisis estructural que México vive como consecuencia de la pandemia del COVID-19, demanda la activación de acciones dirigidas a contener la contracción de la economía nacional y a promover una recuperación gradual y sostenida en el corto plazo.

El organismo presidido por Valentín Díez Morodo también se pronunció a favor de erradicar la corrupción, el contrabando, el tráfico de armas y drogas en las aduanas y puertos.

Señaló que los trabajadores y funcionarios que se han coludido en ese tipo de malas prácticas sean cesados y castigados en apego a las directrices legales correspondientes.

Fuente: La Jornada