La reforma de pensiones para trabajadores de la iniciativa privada no es “perfecta”, pero ayudará a revertir los montos frustrantes que recibían al concluir su vida laboral bajo el sistema de afores, consideraron representantes del sector empresarial.

Durante un webinar, Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), comentó que la iniciativa presentada el miércoles por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador es “total y absolutamente necesaria”, pues el sistema pensionario del país era un reflejo de lo que ha pasado en el mundo con otros sistemas.

Reiteró que el actual sistema hace que las reglas de elegibilidad para que los trabajadores accedan a una pensión eran muy estrictas y solo el 30 por ciento de los trabajadores podían accesar a ella.

Sin embargo, dijo que esa cantidad de trabajadores de daban cuenta que el monto de su pensión era “verdaderamente frustrante”, pues la tasa de recuperación de su salarios era de 30 por ciento de su salario y no era suficiente para cubrir sus necesidades.

Por lo que había que arreglar eso. Señaló que solo había dos alternativas, que era aumentado “aumentado impuestos y haciéndose cargo el Estado”, lo cual se traduciría en un mayor costo para las personas físicas y morales o solucionarlo con con una visión de tiempo.

Carlos Hurtado, director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) coincidió que sin la reforma muy pocos trabajadores podrían tener una pensión mínima garantizada y las tasa de reemplazo para quiene nos cumplen con los requisitos es ínfima y ahora podrían llegar a niveles similares de los países miembros del la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

“No es la reforma perfecta, pero es la reforma que se puede en estos momentos”, acotó.

Guillermo Zamarripa, integrante de la Comisión de Pensiones del CCE, dijo que las pensiones de trabajadores del sector privado representan la menor carga fiscal para el gobierno, por lo que en caso de ser aprobada por el Congreso de la Unión, seguirá siendo de esa manera.

Apuntó que otros sistemas pensionarios como son los trabajadores de la Ley 73, la que se paga a quienes trabajan en el gobierno y las pensiones a adultos mayores significan mayor carga fiscal.

Destacó que la reforma propuesta no incentiva a la informalidad, pues si bien serán las empresas las que absorban el costo, se proyecta que sea aprobaba este año por los legisladores, pero comenzará a aplicar hasta 2023, pues habrá un periodo de gracia de dos años y otros ocho años para comenzar a aplicar las aportaciones, es decir, un total de 10 años.

Agregó que para la micros, pequeñas y medianas empresas (mipymes) tampoco significará un gran costo, pues el costo social que aporta el gobierno federal cubrirá a los trabajadores que perciben menos de tres salarios mínimos, con el fin de que no afecte a ese tamaño de unidades económicas.

Fuente: La Jornada