Francisco Garfias

El Presidente ya presiona a los ministros de la SCJN para que no ratifiquen el proyecto que declara inconstitucional la consulta popular sobre el juicio a los expresidentes.

“No se dejen intimidar. Tomen en cuenta el sentimiento del pueblo. Yo considero que no existe ninguna violación a los derechos humanos”, dijo López Obrador, desde su mañanero púlpito.

En síntesis: pide luz verde para que haya “cárcel por aclamación”, para utilizar las palabras del senador del PAN, Damián Zepeda.

Suena paradójico, pero el propio tabasqueño pregona a los cuatro vientos que él va a votar en contra de que se enjuicie a SalinasZedilloFoxCalderón y Peña Nieto.

El famoso “punto final” que él mismo se ha encargado en transformar en punto y seguido.

 *El proyecto de resolución es del ministro Luis María Aguilar. Todavía tiene que ser debatido por el pleno, escuchar los argumentos en pro ‒si los hay‒ y en contra, que sobran.

En su parte medular dice:

“El objeto de la consulta popular ‒enjuiciar a los exmandatarios‒ debe considerarse inconstitucional, pues la materia que se solicita consultar, de acuerdo con su diseño y contenido, conlleva en sí una restricción de los derechos humanos.

“La consulta popular no puede tener por objeto ‒expreso ni implícito‒ temas que involucren la restricción de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales…”.

Y ojo: el inciso 49 precisa que los derechos humanos son cartas de triunfo frente al gobierno y frente a las mayorías.

“Es decir, los derechos humanos protegen a todas las personas, sin importar si son mayoría o minoría”, puntualiza.

La consulta, advierte también, puede derivar en impunidad o amnistía, si el resultado de la consulta es que no se enjuicie a los expresidentes.

Y pide que se declare inconstitucional, se notifique al Senado y se archive.

 *Apenas el martes hablamos por Zoom con Porfirio Muñoz Ledo sobre la controvertida encuesta que el TEPJF encargó al INE para elegir a la dirigencia nacional de Morena.

El diputado decía que casi todas las encuestas lo colocan como el aspirante más conocido.

El dato no sorprende. Ha sido presidente del PRI y del PRD, candidato del PARM a la presidencia, varias veces secretario de Estado, embajador, legislador en ambas cámaras. Porfirio, sin embargo, hacía notar que a las encuestas las metieron a la política sin control. Está convencido de que tienen que ser certificadas para que no se presten a abusos.

“No tiene ninguna autoridad este tribunal para intervenir en la vida de los partidos, sino a petición de éstos. Es una decisión caprichosa y perversa que se pasa por el forro los estatutos del partido.

“Obliga al INE a hacer las encuestas. Ellos saben que es ilegal y lo están acatando”, aseveraba.

En síntesis: deslegitimizaba la encuesta que tiene programada el INE que, subrayaba, no tiene sistema de medición propio y va a contratar a tres encuestadoras privadas.

Nos pusimos a indagar. Consultamos fuentes vinculadas con el proceso de Morena. Nos dijeron que está en curso una operación para tirar la encuesta, y que se mantenga Ramírez Cuéllar hasta el 2021.

Detrás de esa operación estarían Claudia SheinbaumJulio Scherer y “magistrados afines” del TEPJF.

Las fuentes nos hicieron llegar copia del recurso de apelación interpuesto ante el tribunal por Ramírez Cuéllar, el pasado 7 de septiembre, en el que impugna el método de encuesta abierta.

* Pero ayer ocurrió un inesperado acontecimiento. El diario Reforma hizo público el audio de una reunión privada entre Ramírez Cuéllar y Bertha Luján.

En el audio, el presidente de Morena y la presidenta del Consejo Nacional de ese partido reconocen que hay cargada ‒y dinero‒ para favorecer la candidatura de Muñoz Ledo y evitar que llegue Mario Delgado.

En el enjuague, según la grabación, están también Cuitláhuac García, gobernador de Veracruz, y Clara Brugada, alcaldesa de Iztapalapa.

El audio elimina cualquier posibilidad de que Alfonso se quede en la presidencia del partido hasta después de las elecciones intermedias.

¿Cuál es la salida? Preguntamos a Flavio Sosa, aspirante a la secretaria general de Morena.   “La anulación del proceso y que el Consejo Nacional elija a otro presidente”, respondió.

Publicado en Excelsior