Ante el conflicto generado en Chihuahua, por el acceso al agua, la coordinadora de los senadores del Partido del Trabajo (PT), Geovanna Bañuelos de la Torre exhortó a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Comisión Nacional del Agua a instalar una mesa de trabajo con el gobierno estadounidense para revisar el tratado de aguas entre México y Estados Unidos.

Refirió que el Presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que, en caso de llegar a ser crítica la situación, iniciaría un diálogo con su homólogo estadounidense, Donald Trump, para llegar a un acuerdo binacional que garantice el derecho humano al agua de las y los agricultores de la región.

Y recordó que el primer mandatario manifestó que no es probable que las y los productores del sector primario de Chihuahua se queden sin agua y que, el daño por el incumplimiento del tratado sería gravísimo. “Los primeros perjudicados serían los ciudadanos de Chihuahua, si se plantea la revisión de este tratado, pero como viene la elección ahí están todos los partidos manipulando en vez de informarles de lo que trata”, aseveró.

Ante ello, Bañuelos de la Torre pidió un informe técnico, sobre la viabilidad, oportunidades y riesgos de instalar una mesa de negociaciones con el Gobierno de Estados Unidos de América, para revisar el Tratado Internacional de Aguas celebrado entre ambas naciones en el que se establecen los mecanismos de asignación de las aguas de los ríos Bravo y Colorado.

Recordó que, el 3 de febrero de 1944, se suscribió el “Tratado relativo al aprovechamiento de las aguas de los ríos Colorado y Tijuana y del río Bravo (Grande) desde Fort Quitman, Texas, hasta el Golfo de México entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América”, mismo que fue ratificado por México el 29 de septiembre de 1945 y por Estados Unidos el 18 de abril de ese mismo año.

Para el año 2020, dijo, México se encontró atrasado en los pagos de años anteriores derivados de este tratado con una deuda de casi 426 millones de metros cúbicos de agua, por lo que se vio en la necesidad de tomar acciones para cumplir con sus compromisos internacionales.

Ante esta situación, el 9 de septiembre cientos de agricultores de la región centro sur se movilizaron a la presa La Boquilla, para evitar que la Comisión Nacional del Agua siguiera extrayendo agua en medio de una sequía histórica en el estado de Chihuahua. Tras un enfrentamiento con miembros de la Guardia Nacional lograron tomar control de las instalaciones de la presa.

Asimismo, solicitó a los cuerpos policiacos de los tres órdenes de gobierno que respeten el derecho humano a la protesta y se abstengan de incurrir en actos de represión. Finalmente, la legisladora refrendó el compromiso de su bancada con la garantía plena de los derechos humanos; en especial, de los derechos económicos, sociales y ambientales.

La proposición con punto de acuerdo, fue turnada directamente a la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte.

Fuente: 24 horas