La Secretaría de la Función Pública (SFP) sancionó con diez años de inhabilitación al ex titular de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), Guillermo García Alcocer, “por conflicto de interés” durante su desempeño al frente de ese organismo.

La sanción al ex presidente de la CRE, indicó la dependencia en un comunicado esta noche, “es resultado de una detallada investigación y procedimiento sancionatorio en el que se constató que el ex servidor público participó en la autorización de permisos para comercializar combustibles en favor de una empresa de un familiar suyo”.

Aunque la SFP no profundizó en las indagaciones realizadas, fuentes allegadas al caso informaron que bajo la gestión de García Alcocer en ese organismo, se encontró un contrato con la empresa Santa Fe Natural Gas, propiedad del primo de su esposa, que fue aprobado el 15 de julio de 2017.

La dependencia detalló que “al participar en este tipo de trámites sin excusarse, como lo exige la norma, se violentó la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, vigente al momento de los hechos. Esta disposición, desde luego, aplicaba para todas las personas que se desempeñaban en la Administración Pública Federal, incluidos los órganos reguladores de energía”.

Dijo que a lo largo de todo el procedimiento se respetó el derecho a una defensa adecuada por parte del ex servidor público sancionado, “quien siempre tuvo la oportunidad de presentar sus argumentos y pruebas”.

Al frente de la CRE, García Alcocer tuvo una ríspida relación con el presidente Andrés Manuel López Obrador, en particular porque fue uno de los funcionarios que no aceptó reducir sus ingresos, como lo decretó el mandatario.

Otro motivo de los diferendos fue que se negó a la reducción del presupuesto en 31 por ciento del órgano a su cargo que pasó de 360 millones de pesos en 2018 a 248 para 2019. El ex funcionario dijo en su momento que ese ajuste ocasionó el despido de 367 empleados temporales, que representaban dos terceras partes del personal del organismo regulador.

Es de recordar que en la conferencia de prensa del presidente López Obrador del 18 de febrero del año pasado, la titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, anunció que se había iniciado investigaciones contra el entonces funcionario por haber asignado un contrato a un familiar. Días después, el 26 de ese mismo mes, García Alcocer se reunió con el presidente en Palacio Nacional.

García Alcocer renunció a la presidencia de la CRE en junio del año pasado.

Sobre la sanción, la titular de la SFP indicó que para la dependencia a su cargo “es prioritaria la erradicación de los conflictos de interés, sobre todo alrededor de la mal llamada reforma energética (aprobada en el sexenio de Enrique Peña Nieto) que buscó que unos cuantos se llenaran los bolsillos desviando los recursos públicos”.

Abundó que, en el periodo neoliberal, instituciones como la CRE fueron usadas para privatizar las industrias del sector y debilitar a las empresas públicas, lo que puso en riesgo la soberanía energética de la nación.

En el comunicado, se detalló que Sandoval Ballesteros sostuvo que “durante el anterior régimen se intentó desaparecer Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, ante lo cual era prioritario avanzar en su rescate por su carácter estratégico para lograr el desarrollo sostenible y soberano de nuestro país”.

Por ello, dijo, “trabajamos para moralizar la política y construir una nueva ética pública en la que no quepan el auspicio de los intereses privados ni las componendas entre servidores públicos y particulares, ya que la Cuarta Transformación no va a someter el desarrollo del país al rentismo ni al favorecimiento de unos cuantos”.

Finalmente, refrendó que en la institución a su cargo se sigue construyendo “la nueva ética pública para la integridad en el servicio público”, y el castigo y la prevención los conflictos de intereses son parte esencial esta tarea.

Fuente: La jornada