Los contralores del país deben redoblar esfuerzos para solventar los más de 59 mil millones de pesos que hasta ahora ha observado la Secretaría de la Función Pública (SFP) en la fiscalización de recursos federales transferidos a los estados en los últimos años, aseveró la titular de la dependencia, Irma Eréndira Saldoval Ballesteros.

Al inaugurar la 65 Reunión Nacional de la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación (CPCE-F), la funcionaria federal los exhortó no sólo a vigilar los recursos públicos, sino a prevenir de manera efectiva la corrupción.

En ese sentido subrayó que tras décadas de “una doble moral impuesta en México por el neoliberalismo”, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha implantado un modelo de desarrollo del bienestar que requiere de contralorías que aseguren el ejercicio honesto, eficiente y transparente de los recursos y también combatan de lleno la corrupción estructural.

Ante los contralores de los estados y el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, que asistió como invitado a la reunión virtual, Sandoval Ballesteros aseveró que la SFP está inaugurando una etapa en la supervisión de la gestión gubernamental, pues más allá del castigo, que es necesario para corregir irregularidades, su esfuerzo mayor se dirige a prevenir y corregir los actos de corrupción.

“Con este nuevo enfoque promovemos instrumentos más eficientes de control e implementamos auditorías de desempeño integrales, que nos permiten detectar cualquier acto indebido y, en su caso, turnarlo a las áreas competentes para su investigación y sustanciación”, aseveró.

“Necesitamos una nueva fiscalización que trascienda la visión cortoplacista, contable y legalista de la vigilancia de los fondos públicos y que incluya tareas de prevención, asignación de responsabilidades y mejora de procesos para asegurar el uso de los recursos públicos conforme a la nueva ética pública”, expuso.

Recordó que la dependencia a su cargo emitió el pasado 5 de noviembre las nuevas disposiciones para la fiscalización de recursos públicos federales, que establecen una metodología homogénea para la fiscalización, contemplan una mayor participación ciudadana y fijan plazos concretos para la formulación de los informes respectivos.

Estas disposiciones, aseveró, tienen una visión alineada con una concepción de la corrupción como un problema estructural, “al que sólo podemos enfrentar y vencer si eliminamos el abuso de poder, si combatimos la impunidad y fomentamos la participación ciudadana”.

Por ello, convocó a que con esta nueva visión los contralores del país redoblen esfuerzos para solventar más de 59 mil millones de pesos que fueron observados por su dependencia en la fiscalización de los recursos públicos federales transferidos a las entidades federativas.

Funcionarios de la SFP señalaron que se trata de recursos correspondientes al menos a los últimos dos sexenios que la Federación dio a los estados, los cuales se tienen que comprobar.

La secretaria recordó que en el pasado la fiscalización de los recursos federales ejercidos por los gobiernos estatales y municipales “era sólo una simulación, y era típico el ejercicio extemporáneo de recursos o en fines distintos a los autorizados”.

Fuente: La Jornada