La recolección de desperdicios no se atiende por ninguna autoridad, ni legislador, ni líder de opinión, o padrino político… suerte tiene el Outsourcing de ser protagonista del favor presidencial y no el reciclaje, señalan diversas agrupaciones de recolectores de basura de México.

Es conocido que un problema social, sin atención alguna.

Más de 4 millones de mexicanos y sus familias, se dedican a esta actividad que implica pepenar basura, plástico, papel, cartón, PET, vidrio, chatarra, y hasta desperdicios cárnicos. De eso viven estos mexicanos que sufren del desdén de las autoridades.

Cientos de quejas se han presentado desde el año pasado ante la maltrecha PRODECON para que intervenga ante las autoridades fiscales, y cambien el rumbo de las cosas no permitiendo la evasión, pero sobre todo las dispares condiciones del mercado que hacen que proliferen los abusos, la simulación de operaciones, los factureros, el lavado de dinero y hasta el crimen organizado.

Dentro de la cadena de reciclaje y recuperación de los materiales, la mayoría de las personas que laboran en el proceso de recolección de los desperdicios destinados al reciclaje no están inscritos en el registro federal de contribuyentes (RFC).

Por su parte la autoridad, en la mayoría de los casos presume que no es clara la procedencia de dichas mercancías e inclusive ha incrementado los estándares de control, vigilancia y fiscalización de este tipo de insumos.

Anteriormente, esta situación se remediaba mediante la autofacturación, sin embargo, a partir del 2014 surge una problemática para la adquisición de los desperdicios y los materiales destinados a la industria del reciclaje, en virtud de las reformas donde se deroga el esquema de autofacturación y se establecen entre los requisitos la retención del 5% de Impuesto Sobre la Renta y del Impuesto al Valor Agregado (16%).

La autoridad es insensible para identificar la problemática que viven los recolectores, que evidentemente han manifestado rechazo a dicha disposición fiscal, por considerarlo muy honeroso, pues la remuneración que obtienen por su labor es muy baja y se reduce aún más con la retención de impuestos, además de considerar que inscribirse en el RFC les podría ocasionar dificultades.

Los problemas se sintetizan en:

  • La mayoría de las personas físicas que recolectan y enajenan estos materiales, no están dadas de alta en el registro federal de contribuyentes (RFC) y por ende la retención del 5% de ISR es muy perjudicial para ellos, debido a que las ganancias son escasas y quitando la retención, el ingreso obtenido por realizar dicha actividad se reduce considerablemente, afectando a sus familias.
  • Además, la mayoría de los recolectores no tienen conocimientos sobre facturación y no cuentan con las herramientas para hacerlo.
  • En relación con el punto anterior, en la práctica se evade la retención que debe efectuarse del ISR y del IVA a los recolectores.
  • Lo anterior, ocasiona que un porcentaje de los recolectores salgan del mercado por el aumento que les ocasiona en costos, o de plano migran a la informalidad.
  • Con todo lo anterior, se fomenta la competencia desleal entre empresas, compra de facturas, simulación de operaciones y modificación en las descripciones de los productos a facturar.

Como daño colateral, las empresas que se conducen bajo las buenas prácticas comerciales y fiscales, sufren un impacto en sus operaciones que trasciende inclusive, en su actividad de comercio exterior, por lo que es necesario cambiar  el esquema actual, por medio de un decreto de facilidades administrativas y en su caso de las reglas misceláneas correspondientes, buscando una reforma legal en el mediano plazo.