Las brigadas de vacunación de COVID-19, llamadas “correcaminos”, tendrán un componente que ha causado polémica por su afinidad con Morena, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador. Se trata de la participación de dos promotores o Siervos de la Nación en cada una de las 10,000 unidades que inmunizarán a adultos mayores.

Al respecto, el Ejecutivo señaló que se está “aprovechando” la organización de estos servidores públicos para llevar la vacuna a 3 millones de adultos mayores que viven en zonas más marginadas y apartadas, tal como se hace con los apoyos y pensiones que se les dan porque no tienen cerca una sucursal bancaria.

Asimismo, negó que su participación sea con otros fines o que tenga un “uso electoral”, como han manifestado otros políticos, sino que por el contrario es para “cuidar” esta estrategia nacional de salud pública.

“Es una estrategia nacional muy importante, tenemos que cuidar que no se utilice la vacunación con propósitos electorales”, aseguró este martes en su conferencia de prensa matutina, al ser cuestionado al respecto.

López Obrador recordó que desde hace dos años se crearon los Centros Integradores del Bienestar para pagar las pensiones a los adultos mayores y personas con discapacidad que viven en las zonas más apartadas y marginadas, y que los Siervos de la Nación son los que hacen esta labor.

“Hay 20,000 servidores de la Nación en el país. Ellos son los que atienden a adultos mayores, atienden programas de Sembrando Vida, los Jóvenes Construyendo el Futuro, becarios. Están en todo el territorio. Para que quede muy claro, no hay un municipio en México, de los 2,500 municipios, donde no haya un programa integral de desarrollo, no hay un pueblo donde un adulto mayor no reciba una pensión”, afirmó.

Desde su creación, esta figura ha sido cuestionada desde distintos frentes. Antes de tomar posesión como presidente, López Obrador desplegó un ejército de “servidores de la nación” para construir un Censo del Bienestar con el que se identificó a las personas susceptibles de recibir uno de los apoyos que prometió en campaña y que a decir de Rodolfo de la Torre, director del Programa de Desarrollo Social con Equidad del Centro de Estudios Espinos Yglesias (CEEY), carece de transparencia.

La organización Signos Vitales plantea que existen limitantes y sesgo electoral del “Censo de Bienestar”, usado para seleccionar a los beneficiarios de los programas sociales y levantado por la estructura electoral de Morena.

Graciela Teruel, directora del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad de la Universidad Iberoamericana, coincide sobre la falta de transparencia y un padrón sesgado. “Ya se tenía trabajado un padrón, bajo la secretaría de Sedesol o Bienestar, con las listas de beneficiarios, con más de seis millones de familias beneficiarios, y desapareció, y en su lugar se empezó a levantar el Censo de Bienestar, con voluntarios siervos de la nación, que no son personas capacitadas para hacer levantamiento de información y lo hicieron sin que existiera normatividad”, señala.

La académica advierte que la información que se fue conformando y que es la base para la elección de los programas sociales , no es pública, por lo que no se sabe con qué criterios de calidad se llevó a cabo. “¿Cómo se va a poder evaluar la efectividad de esta política pública que se está llevando a cabo en el gobierno, si no sabemos cómo se eligen a los beneficiarios ni quiénes son ni dónde están ni siquiera la pertinencia de darles ese tipo de programas porque no sabemos cuál es el diagnóstico del cual están partiendo?”, cuestiona.

También han sido criticados por su cercanía con el gobierno federal. “Reciben y portan gafetes, uniformes, gorras y mochilas que los identifican como Servidores de la Nación. Son miles de brigadistas, que hicieron promoción y defensa del voto en la campaña presidencial del partido Morena”, escribió Rafael Hernández Estrada en su libro Servidores de la Nación. La operación política del gobierno de la 4T.

Actualmente, estos servidores encargados de los programas sociales y venían de las estructuras de promoción el voto de Morena en 2018, también “ayudarán” en la campaña de vacunación de COVID-19, en medio de las Elecciones más grandes de la historia del país.

Están adscritos a la Secretaría de Bienestar, bajo el mando de Gabriel García Hernández, Coordinador General de Programas Integrales de Desarrollo, quien trabaja directamente con el presidente, y ahora recorrerán los 2,500 municipios junto con cuatro elementos de las fuerzas armadas, otros dos promotores de los programas del bienestar, dos voluntarios, y solo dos vacunadores, para repartir las dosis del fármaco.

Expertos señalan que si bien el hecho de que participen en la campaña no es un delito en sí, si promocionan el voto a favor de un partido o un candidato, deben ser acreedores a sanciones por incurrir en un delito electoral. En tanto su participación en la campaña de vacunación, ya levanta sospechas.

Fuente: Expansión Política