El abogado Antonio Lozano Gracia confirmó en entrevista radiofónica que, a nombre de la mayoría de
los socios cooperativistas de La Cruz Azul, se presentó un Juicio de Amparo y diversas denuncias
penales, en contra del grupo minoritario, encabezado por José Antonio Marín Gutiérrez y Víctor Manuel
Velázquez Rangel, quienes detentan de manera ilegal y arbitraria el control de la Cooperativa.

El litigante explicó que mediante el Juicio de Amparo la justicia federal confirmará pronto la nulidad, por
vicios en la convocatoria, de la Asamblea en la que Marín y Velázquez se hicieron indebidamente de las
presidencias de los consejos de Administración y Vigilancia, respectivamente, y donde hasta hoy
mantienen secuestrado el control de la Cooperativa.

Desde el primer momento, detalló, “el juez de primera instancia dio la razón a la mayoría, al determinar
que no se había cumplido el requisito elemental de precisar el domicilio donde se llevaría a cabo la
asamblea de 2018 y por ello la declaró nula”. Luego, si bien una impugnación interrumpió
temporalmente los efectos de la sentencia, ahora son jueces federales quienes revisan el caso y en breve
confirmarán la nulidad de esa convocatoria engañosa y, por lo tanto, de la asamblea.

Lozano denunció que existen otros vicios graves por los cuales estos individuos violan de manera
permanente los estatutos de La Cruz Azul. Entre esas irregularidades destaca el hecho de que habiendo
sido ellos parte de la directiva anterior, estaban, desde 2018, impedidos para ocupar las posiciones
directivas que se adjudicaron arbitrariamente. Aunado a ello, abundó, las normas internas de Cruz Azul
impiden actualmente que se pueda permanecer más de dos años al frente de los consejos, como
ilegalmente lo pretenden hacer Marín y Velázquez.

En entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, a través de la cadena nacional de Grupo Radio
Fórmula, el abogado Lozano confirmó que también ha sido denunciada penalmente la ilegal suspensión
del pago, a más de 160 cooperativistas, de los sueldos y anticipos de rendimientos a los que tienen
derecho.

Reveló que cuenta con copia de oficios firmados por José Antonio Marín Gutiérrez en los que
argumenta que los cooperativistas afectados “tienen una situación especial”. Eso es absurdo, enfatizó,
y advirtió que secuestrar sueldos y prestaciones es un delito para el cual el código penal establece que
deben imponerse las penas previstas para el delito de fraude. Por ello, anunció, ya se entregaron al
ministerio público esos oficios para que investigue y proceda conforme a derecho.

Antonio Lozano puntualizó que el proceso legal sirve para acreditar con toda claridad la legalidad y
plena validez de la Asamblea que tuvo lugar el 26 de agosto del 2020, en la cual la mayoría conformada
por más de 500 cooperativistas, de un total de 715, eligió como presidente del Consejo de
Administración a Federico Sarabia Pozo y como presidente del Consejo de Vigilancia a Alberto López
Morales.