La revista especializada Science afirmó que las relaciones entre la comunidad científica mexicana y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador están en un punto de ebullición por la irritación entre investigadores por la falta de consenso en el proyecto de ley que regule la ciencia y la tecnología mexicanas que se enviará al Congreso mexicano para su votación.

El gobierno dice que la nueva ley de Conacyt mejoraría la formulación de políticas de ciencia y tecnología y ayudaría a garantizar fondos y apoyo suficientes para la investigación, pero el proyecto presentado en diciembre de 2020 por María Elena Álvarez-Buylla, titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), ha recibido un aluvión de críticas por parte de los científicos.

Investigadores mexicanos dijeron a Science que el proyecto de ley aumentaría el poder del Conacyt, privaría a la comunidad científica de voz en la política científica futura y limitaría la libertad académica.

Los investigadores mexicanos consultados dijeron que esperan que el proyecto de ley aún se pueda modificar, pero el Conacyt  ya no habla con los críticos del proyecto de ley, afirman.

“Han cancelado todos los canales de comunicación con nosotros”, dice María Brenda Valderrama Blanco, investigadora en biotecnología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Cuernavaca, y uno de los miembros fundadores de Pro-CienciaMX, una red de científicos que buscan influir en la política científica.

Science destaca que López Obrador ha hecho varios comentarios despectivos sobre los científicos desde que llegó al poder en 2018, describiéndolos como elitistas y sugiriendo que son corruptos, y que su política científica ha estado marcada por una serie de disputas.

La publicación retoma las denuncias en el sentido de que el Conacyt ha suspendido muchas becas para estudiantes de maestría, doctorado y posdoctorado en México y en el extranjero, creando un descontento generalizado.

En septiembre de 2020, relata Science. Conacyt eliminó la biotecnología como una de las nueve categorías en los nuevos estatutos del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), un mecanismo para identificar y financiar a los investigadores más importantes, y algunos vieron la medida como un intento de Álvarez-Buylla para controlar la investigación biotecnológica y privarla de recursos.

“Quitaron la biotecnología solo porque a ella no le gusta”, dice María de la Luz Jimena de Teresa, matemática de la UNAM, Ciudad Universitaria, aunque Conacyt dice que los investigadores de biotecnología pueden buscar el reconocimiento del SNI a través de otras disciplinas.

Los científicos también estaban molestos por la decisión de Álvarez-Buylla de octubre de 2020 de dejar de cubrir las cuotas anuales de México a grupos científicos internacionales, incluida la Unión Matemática Internacional y la Unión Internacional de Física Pura y Aplicada.

El gobierno argumenta que el recorte fue necesario para ahorrar dinero y ayudar a hacer frente a la pandemia de COVID-19, pero los investigadores dicen que aislará a los científicos mexicanos y los privará de oportunidades.

También en octubre, el gobierno decidió cancelar 109 fondos fiduciarios administrados por centros públicos de investigación e institutos gubernamentales, un tercio de ellos dedicados a la ciencia y la tecnología, y usar el dinero para la respuesta a la pandemia, afirma la publicación especializada con sede en Washington D.C.

Álvarez-Buylla, quien apoyó esa decisión, “no está haciendo su parte en comunicar las necesidades de la ciencia mexicana a nuestro presidente”, dice Jimena de Teresa en declaraciones a Science.

Un proyecto de ley de reforma científica anterior, propuesto por un senador del partido político de López Obrador en 2019, murió luego de protestas de los científicos, y a raíz de ello, Conacyt invitó a la comunidad de investigadores a participar en marzo de 2020, por lo que muchas organizaciones científicas y universidades enviaron ideas para el proyecto de ley.

ProCienciaMX argumentó que debería dedicar al menos el 2% del presupuesto federal a la ciencia y la tecnología, establecer un sistema de asignación transparente en el que los científicos puedan desempeñar un papel y garantizar la libertad académica.

“En teoría, esta nueva ley podría darnos una claridad y una fuerza que no tenemos en este momento”, dice Valderrama Blanco.

Después de leer el borrador de Álvarez-Buylla en diciembre, los científicos dijeron que ella había ignorado sus comentarios.

El proyecto de ley prioriza la investigación que aborda los problemas nacionales “de acuerdo con la agenda del estado”, una frase que los científicos dicen que invita a la interferencia política.

También centraliza las decisiones sobre ciencia en un consejo en la Ciudad de México a expensas de los estados y brinda pocas oportunidades para que los científicos participen en la formulación de políticas.

El proyecto ya ha sido aprobado por el Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación, que preside el propio López Obrador, y pronto podría llegar al Congreso, donde su partido tiene mayoría.

Los científicos esperan que no sea demasiado tarde para presentar una nueva propuesta.

“Le pedimos [al Congreso] que no apruebe unilateralmente una ley donde no se escuche el sentimiento de la comunidad científica”, dice Alma Maldonado-Maldonado, miembro de ProCienciaMX, científica de la educación especializada en políticas públicas.

“Creo que nos van a sorprender con un documento presentado por la puerta trasera que será aprobado por la mayoría”, dijo Valderrama Blanco a Science, con pocas esperanzas.

Fuente: 24 horas