El Observatorio de Participación Política de las Mujeres (OPPMM) manifiesta su preocupación y rechazo a
la violencia política de género que se está verificando en contra de aquéllas que decidieron participar en el
proceso electoral en curso.

El libre ejercicio de los derechos políticos y electorales de las mujeres no debe traducirse en que su
integridad esté en riesgo, por lo cual en todos los casos de violencia política contra las mujeres por razón
de género que se denuncien, las autoridades están hoy más obligadas que nunca a investigarlos, siempre
bajo una perspectiva de interseccionalidad.

Lo anterior tiene como fundamento al artículo primero de nuestra Constitución, columna vertebral de la
política democrática de igualdad y no discriminación para tutelar los Derechos Humanos de todas las
personas, incluyendo a las mujeres que incursionan en el espacio público, a lo que se suman los
instrumentos legales aprobados en 2020 para atender, prevenir y sancionar la violencia política contra las
mujeres por razón de género, que la tipifican como delito con sanciones y establecen obligaciones claras
para autoridades, partidos políticos y otros actores, a fin de fomentar una actuación ajena a estereotipos y
sin violencia contra mujeres y las niñas en todos los espacios de su desarrollo, comprendiendo el terreno
político-electoral y los puestos de toma de decisión.

Las leyes para prevenir y sancionar la violencia política contra las mujeres por razón de género, los acuerdos
del Instituto Nacional Electoral, así como las sentencias y criterios jurisprudenciales del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación, implican mandatos claros para que, cuando se alegue violencia política
contra las mujeres, sean protegidas con medidas cautelares que garanticen su seguridad. Asimismo, para
desincentivar y modificar las prácticas discriminatorias basadas en la violencia de género, existen
mecanismos para la reparación integral y evitar su repetición.

Desde el OPPMM les decimos a las mujeres que no están solas, que la violencia política de género que
atente contra sus derechos político-electorales puede y debe denunciarse a través del Procedimiento
Especial Sancionador (PES) ante el Instituto Nacional Electoral y los institutos electorales locales; mientras
que, en el caso de las instancias jurisdiccionales, cuentan con el juicio para la protección de los derechos
político-electorales de la ciudadanía (JDC); así como la denuncia por el delito de violencia política ante la
Fiscalía Especial de Delitos Electorales y las de las entidades federativas.

La resolución expedita y con perspectiva de género del PES y JDC abonará significativamente a que ninguna
persona que ejerza violencia política contra las mujeres en razón de género sea postulada como candidata
mucho menos que ocupe un cargo de elección popular.

Como OPPMM, reiteramos nuestro compromiso total en impulsar herramientas que fortalezcan las
habilidades de las mujeres para la denuncia y defensa eficaz de su derecho a una vida libre de violencia de
género en el ámbito político, atendiendo a sus diversidades culturales y sociales, especialmente de las
mujeres de comunidades y pueblos indígenas y afromexicanas. Seguiremos trabajando pormaximizar activa
y focalmente los derechos de las mujeres para responder con eficacia ante la violencia política que padecen,
reclamando a una voz: No más violencia política contra las mujeres por razón de género.